En mi columna del jueves 3 advertía que no se manifestaba mucho optimismo respecto reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, al concluir la Conferencia de Copenhague, sobre todo porque el presidente Barack Obama no lleva consigo el respaldo de la mayoría de los legisladores de su país.
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Pero durante los recientes días han circulado informaciones un tanto contradictorias respecto a la posición que asumirá el gobernante norteamericano, pues llegará a la capital de Dinamarca precedido de haber dado un paso en firme hacia la regulación de la emisión de gases tóxicos, en vista de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) determinó que seis gases, entre los que se encuentran el dióxido de carbono y el metano, ponen en peligro el medio ambiente y la salud pública.
Esa decisión permitirá a la EPA tomar medidas contra la emisión de gases, sin necesidad de la aprobación del Congreso, presionado por multimillonarias empresas que imponen sus poderosos intereses con donaciones a legisladores, según denunciaron organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos a la agencia de noticias IPS.
Entre las empresas con influencia en el Congreso estadounidense prevalecen las del sector petrolero y del gas, que se unieron para influir en el proceso de redacción del proyecto de ley sobre cambio climático que aprobó en junio la Cámara de Representantes, que propone reducir las emisiones de dióxido de carbono en USA sólo en un 17 % para 2020, tomando como base los indicadores de 2005, que es cerca del 4 % por debajo de los niveles de 1990, muy lejos de la merma del 40 % recomendada por científicos, para impedir que la temperatura promedio de la Tierra suba 2 grados, que tendría nefastas consecuencias.
El presidente Obama, quien arribará a Copenhague el último día de la conferencia, viernes 18, aseveró que Washington propondrá la fórmula del 17 % como punto de partida para las negociaciones, lo que ha disgustado a legisladores norteamericanos republicanos y demócratas, bajo la presión de las empresas petroleras y de gas, lideradas por la firma Chevron, en lo que se refiere a donaciones a los políticos, aunque las elecciones legislativas para medio período están previstas hasta noviembre de 2010.
Siete de las 10 mayores empresas del mundo son petroleras, según sus ingresos, de manera que el dinero que tienen a su disposición les garantiza una enorme influencia en el sistema político norteamericano, que se traduce en compra de voluntades, fenómeno que, guardando las grandes distancias, los guatemaltecos conocemos muy bien y lo hemos soportado estoica y permanentemente, pero que, después de todo, forman parte del elogiado sistema democrático representativo.
Respeto a la Conferencia de Copenhague, las empresas de gas y de petróleo de Estados Unidos ya gastaron 121 millones de dólares para evitar que esa nación, la que más genera gases tóxicos, suscriba un tratado internacional en la capital de Dinamarca que endurezca las medidas para evitar que persista el calentamiento global, por más que la emisión de gases afecten sobremanera a los ciudadanos norteamericanos y destruyen su flora y fauna.
(De visita en Washington, el ambientalista Romualdo Tishudo escucha platicar en español a dos ancianas norteamericanas de origen hispano, que están cenando. Una dice: -Esta leche no está buena. -Y mañana Navidad… repone la otra).