Cuando surgen estos casos de macro corrupción, que en Guatemala quedan mayoritariamente en la más absoluta impunidad; las amenazas, las represalias, los ataques y los crímenes contra las personas son ingredientes que leudan la corrupción, reducen la certeza jurídica, frenan el desarrollo del país, aumentan la criminalidad y marcan el paso de la involución o retroceso de Guatemala. Como ofrecí en escrito anterior, denunciaré algunas represalias que la Cooperativa Salcajá ha tomado contra la víctima principal en este caso: el Economista Isaías Armas Arriaza.
El precio que está pagando el licenciado Armas por denunciar los hechos ante los tribunales de justicia y hacer públicos los resultados, es inconmensurable. En primer lugar, la muerte de su esposa es algo que no tiene precio material alguno y, en segundo lugar, el haberse quedado sin forma de generar dinero para seguir trabajando ha sido catastrófico, en virtud de que la maquinaria, equipo, vehículos, casas en etapa final de construcción, etcétera, se están deteriorando por falta de uso y por estar a la intemperie en algunos casos; a lo que habría que agregar el robo de materiales y equipo del que ha sido víctima.
Dentro de lo espantoso de las represalias tomadas por la Cooperativa Salcajá R.L., miembro de Micoope, queriendo silenciar al licenciado Armas, el jueves 24 de febrero de 2011 fue sacado bajo engaño de su residencia en la Capital de Guatemala. Tocaron el timbre y por el auricular se identificó un propietario de dos casas de Curruchique II y el licenciado salió a atenderle. Cuando el licenciado llegó a la puerta, le esperaban, junto al propietario de las casas, dos personas de civil que lo capturaron y engrilletaron sin permitirle siquiera cerrar la puerta de su residencia y tras una serie de peripecias burocráticas de captura, lo llevaron a Quetzaltenango en donde estuvo privado de su libertad durante cinco días “Por estafa”.
El solicitante de la orden de aprehensión fue el entonces gerente de la cooperativa Gregorio Rumualdo Pisabaj Flores y, el demandante que fue a tocar el timbre, comprador de dos casas, aún debe al licenciado Armas la cantidad de Q31,600.00. La demanda no procedía.
Asimismo, hay otras tres denuncias por no haber entregado las escrituras de las casas, debido a que la Cooperativa Salcajá R.L. no ha querido otorgar cartas de pago, a pesar de haber exceso de garantía. Las demandas obviamente han sido auspiciadas por la Cooperativa.
El mayor cinismo fue que la Cooperativa inició un Juicio Ejecutivo en la vía de apremio al licenciado Armas, con la finalidad de adjudicarse los proyectos en pago de un crédito de Q4 millones que le otorgaron a cinco años plazo. Por el bloqueo económico, únicamente pudo utilizar el crédito durante año y medio.
La corrupción se manifiesta con toda su negrura y suciedad en un instrumento formado para beneficiar económica y socialmente a los más pobres, como es una Cooperativa. Esto da asco, ofende y desestimula las buenas iniciativas. ¿Qué hará el Estado para otorgar justicia y acabar con la impunidad?