La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) convocó a una audiencia para investigar supuestas indemnizaciones a personas que no fueron víctimas de una masacre cometida por paramilitares colombiano en 1997 y por la cual el Estado colombiano fue condenado.
La audiencia se realizará el 23 de noviembre en la sede de ese tribunal en San José, a fin de que acudan representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Estado colombiano, de las víctimas y sus familiares.
El presidente de la Corte Diego García Sayán dijo en un comunicado del 31 de octubre divulgado en la página de internet del alto tribunal que la audiencia tiene el propósito de que la CorteIDH obtenga información detallada y documentada «sobre pagos que podrían haber sido realizados a quienes no tienen la condición real de víctimas».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, recibió en 1999 una denuncia de un grupo no gubernamental de Colombia y tras analizar el caso lo elevó a la CorteIDH que en 2005 condenó al estado colombiano por la masacre ocurrida en julio del 1997 en el pueblo de Mapiripán, en el departamento de Meta, a unos 300 kilómetros al sureste de Bogotá.
La Corte condenó a Colombia al considerar que en ese caso de la masacre se «violó en perjuicio de cierto número de víctimas que el propio Estado mencionó como ‘aproximadamente 49’… los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida».
La CorteIDH ordenó el pago de 80.000 dólares como compensación «para las aproximadamente 49 víctimas reconocidas por el Estado como ejecutadas o desaparecidas».
Los abogados de las víctimas dijeron que las indemnizaciones fueron pagadas, pero el debate sobre el número de asesinados se reabrió la semana pasada ante nuevos testimonios.
Una fiscal dijo la semana pasada que las nuevas declaraciones de paramilitares desmovilizados y el cruce de información sobre las víctimas indican que al menos uno de los parientes de tres personas supuestamente muertas admitieron en una audiencia judicial pública y más tarde ante diversos medios de comunicación que sus seres queridos o están vivos o habían muerto antes de la matanza.
La Fiscalía General ha dicho que los nuevos datos indican que en la masacre fueron asesinadas seis personas, otras cuatro siguen desaparecidas, tres fueron secuestradas y 68 personas fueron desplazadas.
La CorteIDH indicó la víspera en un comunicado que fue el propio Estado colombiano el que a lo largo del proceso «reconoció expresamente los hechos» de la matanza y sus víctimas y que «durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de Mapiripán y en ningún momento la cuestionó».
La Contraloría General de Colombia ha dicho que investigará el papel de abogados oficiales en esas instancias internacionales en el caso de la masacre.