Durante el presente mes en Bariloche, Argentina, numerosos presidentes latinoamericanos y posteriormente en Quito, Ecuador, los ministros de Relaciones Exteriores de esos mismos países analizaron las implicaciones que conlleva la autorización de bases norteamericanas en América Latina, especialmente las siete bases que se pretende autorizar para que operen conjuntamente en Colombia. Lo que podría ser aceptable y permisible en el pasado hoy es muy cuestionable, ya no digamos motivo de preocupación en América Latina.
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Históricamente el gobierno de los Estados Unidos ha intervenido militarmente en México, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Panamá, Haití donde con diferentes argumentos y motivos ocupó territorio de estas naciones. El resabio de esas épocas es Guantánamo en Cuba. En dichas intervenciones ha impuesto sus leyes, sus criterios y defendido sus intereses, no los intereses latinoamericanos.
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Durante la Segunda Guerra Mundial la presencia de las fuerzas norteamericanas en América Latina, incluyendo Guatemala, fue de otra naturaleza, supuestamente para defender al continente de una posible invasión o prever y evitar que los litorales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pudieran ser utilizados por fuerzas de Alemania o Japón.
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En épocas recientes se establecieron en Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú y otros países, bases o misiones de las fuerzas armadas de los Estados Unidos supuestamente para asesorar a los ejércitos de los respectivos países y para combatir amenazas políticas, económicas y sociales. Actualmente, el narcotráfico es el último de los motivos con los que se afincan en nuestros países.
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Lamentablemente no sólo se convierten en un cuerpo ajeno y extraño al país, sino de una u otra forma, imponen que todo su personal no esté sujeto a las leyes de los países donde están, a la competencia de los tribunales y demás entidades de los organismos nacionales. Este increíble uso y abuso bajo ningún concepto lo permitirían ellos a cualquier otro país del mundo si personal de las fuerzas armadas llegasen a instalarse dentro de su territorio.
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El mundo ha cambiado y el hecho que los presidentes y los cancilleres se reúnan para discutir el tema de la presencia de bases y personal de las fuerzas armadas norteamericanas demuestra que esa época debe dejar de existir. No puede continuarse con la política tan censurada, tan repudiada, que en el pasado diferentes gobiernos de Estados Unidos utilizaron.
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El tiempo de permitir bases norteamericanas en cualquier país de América Latina ha terminado, si desean la colaboración en el combate al narcotráfico lo más que pueden pretender es que unos pocos asesores supervisen el uso, el mantenimiento de aviones, helicópteros, equipo marítimo y terrestre que le faciliten a las fuerzas de cada uno de los países donde piden la colaboración y el combate al narcotráfico. Recordemos que el mercado de drogas y estupefacientes es principalmente Estados Unidos.
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No pueden justificar más su presencia, sus bases militares, mucho menos insistir en que el personal de sus fuerzas armadas no esté sujeto a la justicia y a la competencia de cada uno de los países donde se encuentren y cualquier hecho delictivo que su personal cometa debe ser juzgado en el país respectivo; igualmente deben cumplirse las condenas.
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El presidente Barack Obama, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton deben emular al Benemérito Benito Juárez, quien dijo «Entre individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz».