Conforme han ido transcurriendo los días después de la masacre cometida por elementos militares en contra de desarmados comunitarios de Totonicapán, las autoridades gubernamentales procuran ir ocultando las causas que provocaron la muerte violenta de ocho indígenas y a las medidas de hecho que suelen adoptar esos y otros movimientos populares, que radican básicamente en la subestimación del Estado a los graves conflictos en que se debate la mayoría de los guatemaltecos que no tienen acceso al despacho presidencial.

Esta tragedia ha enlutado a los compatriotas sensibles de casi todos los estratos sociales, pero no ha calado en la conciencia del Ministro de Relaciones Exteriores, quien, con ligereza y frivolidad, pretendió restarle importancia a la trágicos sucesos, nada menos que ante el cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, lo que le ha valido ácidas y merecidas críticas generalizadas.
 
El que ha ilustrado de la mejor forma posible la insensatez del canciller Harold Caballeros ha sido el caricaturista Fo, de Prensa Libre, quien, el día de ayer y con su reconocido ingenio, presentó al funcionario exponiendo su perorata casi ininteligible arguyendo que en el país diariamente pierden la vida violentamente más de ocho personas. El dibujo que caracteriza al personaje que el caricaturista presenta cotidianamente le replica con esta categórica sentencia: “Sí, pero a esos más de ocho no los mata su propio gobierno”. Contundente tapabocas.
 
Como no podía ser de otra manera, las cámaras patronales han intentado justificar solapadamente la represión militar contra los integrantes de los cantones de Totonicapán que, sin armas, manifestaban sus protestas contra el incremento desmedido de las tarifas de energía eléctrica, las proyectadas reformas constitucionales y las modificaciones antojadizas al sistema educativo en la rama del magisterio.
 
Nuevamente, la cúpula empresarial subraya que ningún grupo, gremio o sector debe impedir la libertad de locomoción; pero omite señalar que los colectivos que acuden a medidas de hecho es porque simplemente todos los gobiernos que se han sucedido durante las últimas décadas no atienden los legítimos reclamos de las clases desposeídas y si finalmente escuchan sus demandas es sólo para disimular que satisfarán sus necesidades, pero se olvidan de sus promesas tan pronto como se disuelven las protestas públicas.
   En este contexto dramático también llaman la atención las actuaciones de otros dos funcionarios que, en este nebuloso y sombrío escenario, son como convidados de piedra.
 
Uno de ellos es el sociólogo Miguel Ángel Balcárcel, quien ostenta el pomposo cargo de Coordinador del Sistema de Diálogo Nacional, sin que se haya distinguido como un eficaz operador del Presidente para sostener permanente comunicación con los sectores inconformes.
 
En vista de que, anteriormente, cuando trabajaba en centros de investigación independientes estaba habituado a formular planteamientos sobre diversos asuntos, aunque siempre muy mesuradamente, ahora sus actuaciones han sido más opacas aún, porque no desea granjearse el repudio de los grupos de la sociedad civil, en los que se ha desenvuelto y a los que presuntamente tendría que retornar tarde o temprano; pero tampoco tiene el coraje de contrariar con sus opiniones a su patrono, y de ahí que sus vacías intervenciones retóricas han sido balbucientes.
 
Como era de esperarse, habida cuenta los orígenes de su elección (¿?), el tímido y frágil Procurador de los Derechos Humanos no se ha caracterizado en estas circunstancias por su firmeza para afrontar esta tragedia. El abogado Jorge de León Duque es un pálido recuerdo de uno de sus destacados predecesores en ese cargo, el prematuramente desaparecido Ramiro de León Carpio.

 (Cierto alto funcionario pregunta a su chofer Romualdo Tishudo:-Vos creés en la reencarnación. –Sí, responde. Su jefe inquiere: -¿Yo podría reencarnar en una vaca? El empleado replica: –Dos veces el mismo espécimen, ¡imposible!).