Grupos organizados de defensa de los derechos humanos se reunieron frente a la Casa Presidencial para externar su apoyo al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, quien en una conferencia de prensa pidió hoy la destitución del actual Fiscal, General Conrado Reyes Sagastume.
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La Convergencia convocó para esta tarde a distintos activistas y defensores de derechos humanos a un plantón frente a las oficinas de la Presidencia, para manifestar su respaldo a la CICIG.
Esto, como consecuencia a la renuncia de Castresana de la Comisión, y su solicitud para que se destituya a Conrado Reyes del Ministerio Público.
Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, lamentó el desempeño del Fiscal General a tan sólo unos días de su toma de posesión.
«El mal trabajo de Conrado Reyes se notó desde que comenzó en el Ministerio Público», señaló, con el respaldo de los miembros de la Convergencia por los Derechos Humanos, quienes se mostraron insatisfechos por la reciente elección del Fiscal General.
«La presencia de la CICIG es importante para la desarticulación de las bandas», explicó la titular de la Fundación Sobrevivientes y reiteró que esperarán que el presidente ílvaro Colom los reciba para que se «pueda corregir el error en el nombramiento de Reyes».
En la manifestación también estuvieron presentes la reconocida activista Hellen Mack y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, entre otros destacados miembros de organizaciones sociales
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack y precomisionada para la Reforma Policial, dijo que desde que inició la CICIG se ha visto poca voluntad política de parte de los tres poderes del Estado para apoyar a la institución.
Refirió que la renuncia de Castresana es un llamado de alerta, porque de continuar así se perdería el control del país y lo tomarían las estructuras paralelas. También opinó que es un llamado serio para que todos los ciudadanos le den el apoyo serio a la CICIG.
«Lamentamos la renuncia del Dr. Castresana; la CICIG ha desarticulada estructuras que los guatemaltecos tienen miedo de enfrentar, nos sentimos frustrados porque claramente sabemos que los grupos de interés como el Organismo Legislativo y Judicial no le dieron los elementos que solicitó Castresana», concluyó Mack.
«Ha llegado el momento en el que todos los ciudadanos nos manifestemos y exijamos que los organismos de Estado se involucren en la lucha contra la impunidad», destacó Mack.
Rigoberta Menchú, de la Fundación Menchú y Premio Nobel de la Paz 1992, comentó que todos los grupos de la sociedad civil están indignados, porque la renuncia de Castresana se debe a la falta de cumplimiento de los compromisos que adquirió el Estado, por lo que también exigen que se cumplan las recomendaciones que exigió Castresana, sino las que hace la ONU.
Activistas de la Convergencia de Derechos Humanos refirieron también que están pensando en la creación de un Frente Nacional Contra la Impunidad, que también brinde apoyo a la CICIG y a Castresana, y de esa manera no permitirían que la CICIG se retire del país.
Castresana dijo que si no se cumplen los compromisos del Estado, la CICIG podría determinar retirarse de Guatemala.
«El presidente tiene que verificar la información dada por Castresana», enfatizó Javier Monterroso director de incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, quien además rechazó la continuidad de Conrado Reyes Sagastume en el cargo.
Asimismo, Carmen Rosa de León, miembro del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), opinó que están «a la expectativa de la respuesta del Presidente de la República; creo que el hecho de que esta persona renuncie no quiere decir que las Naciones Unidas no continúen; sin embargo, la justificación de su salida debe ser reflexionada y hay que seguir trabajando contra la impunidad».
Además, Mario Polanco, dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAN), dijo que «es algo que nos ha caído como sorpresa; yo me siento impactado por la noticia, es preocupante, creo que es algo que puede afectar los pocos avances que se habían registrado en el tema de justicia, considero que fue una decisión muy apresurada».
Por su parte, mediante un comunicado, organizaciones de derechos humanos, sociales y populares de Guatemala, dice que toda la sociedad guatemalteca ha sido testigo que los procesos de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y del actual Fiscal General de la República, es una entronización de grupos criminales, paralelos e ilegales, que han cortado la institucionalidad pública.
Estas organizaciones se suman a la petición de Castresana de exigir la destitución del Fiscal General.