La Procuraduría General de la República (PGR) de México entregó recientemente los primeros resultados forenses al gobierno de Honduras, de ocho ciudadanos que se encontraban entre los 49 asesinados en Nuevo León, en mayo del 2012; las investigaciones dan esperanza a familias del resto de los países centroamericanos.
De acuerdo con un reporte de Fundación Avina, son los primeros resultados derivados del Convenio de Colaboración firmado entre la PGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y 10 organizaciones sociales de Centroamérica, para identificar a migrantes que han sido asesinados en masacres.
En el marco de dicha iniciativa, las entidades también realizarán exámenes forenses a los 72 cuerpos localizados el 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas y a los aproximadamente 193 cuerpos ubicados entre abril y mayo de 2011, en fosas clandestinas de la misma comunidad.
La EAAF ha logrado formar bancos de datos forenses de personas migrantes no localizadas o desaparecidas, con la colaboración de comités de familiares, organizaciones sociales, casas de migrantes e instituciones de gobierno en Centroamérica y Chiapas, señala la información.
Hasta el momento, las entidades involucradas han logrado documentar 501 casos en cuatro bases de datos forenses, las que cuentan con mil 401 muestras de ADN de familiares de migrantes.
El convenio entre autoridades surgió a raíz de las movilizaciones que madres de Guatemala, El Salvador y Honduras llevaron a cabo en México, para llamar la atención de los gobiernos y buscar a sus hijos e hijas que decidieron migrar hacia Estados Unidos, en búsqueda de una mejor calidad de vida, añade el reporte de Avina.
La iniciativa para la conformación de una comisión forense forma parte de los proyectos impulsados por la Red de Acceso a la Verdad y Justicia, que acompaña a comités de familiares de migrantes desaparecidos, que se han conformado desde el año 2000.
El Convenio entre autoridades también fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para esclarecer las masacres de Tamaulipas y Cadereyta, en México, concluye el boletín de la Fundación Avina.