En declaraciones a la prensa, el diputado Arístides Crespo, quien la semana próxima asumirá la Presidencia del Congreso de la República, dijo que la nueva Junta Directiva revisará la operación realizada por la Comisión de Régimen que presidió el diputado Pedro Muadi, al comprar cámaras de vigilancia en un procedimiento expedito que implica un gasto de más de seis millones de quetzales.
Vemos como un buen inicio de gestión ese anuncio, porque despertó muchísimas dudas la abrupta operación que, además, provocó la destitución del Director de Comunicación Social del Congreso simplemente porque se negó a participar en la Junta Calificadora de las ofertas para no asumir responsabilidad en un negocio que no le pareció del todo transparente.
Y es que si bien la Ley de Compras establece procedimientos de excepción para compras directas, no se encuentra una razón que pueda servir para justificar el apresuramiento que tuvo el diputado Muadi para concretar la operación en los días del fin de año, cuando los diputados estaban ausentes y la población estaba más pensando en las festividades que en cualquier otro asunto.
La supuesta inseguridad en el Congreso de la República fue explicada por Muadi en el sentido de que en las oficinas de los diputados desaparecen cosas y que hay muchas denuncias de robos que se repiten con demasiada frecuencia. No les hace un gran favor a sus colegas con relatar que el Congreso y sus oficinas son un verdadero Manzanillo que, por supuesto, no se resolverá aunque le pongan cámara de seguimiento personal a todos y cada uno de los diputados. En todo caso, si llevan tanto tiempo padeciendo del problema, no se explica esa urgencia para comprar las cámaras a toda prisa, casi en medio de la nocturnidad que representa el período de inactividad en el fin de año y descartando a los oferentes que las vendían a precios más bajos.
Cualquier funcionario preocupado por su prestigio y lo que de él piense la opinión pública, evitaría realizar operaciones en esas circunstancias para no dar lugar a dudas, habladurías y especulaciones. Sin embargo, está visto que se ha aceptado ya la absoluta validez de aquella expresión de que la vergüenza pasa porque no se puede entender de otra manera que a hurtadillas se trate de realizar una operación que obliga a la erogación de más de seis millones de quetzales, lo cual es mucho dinero aun para los parámetros de los negocios en el sector público.
Minutero:
Las cámaras, sin comprarse,
sirvieron para evidenciar
que hay maneras de armarse
sin mucho que trabajar