El Real Palacio de los Capitanes Generales, en La Antigua Guatemala, continúa siendo el centro de la polémica, debido a que su restauración y uso público sigue en debate; en especial, vecinos de la Ciudad Colonial se quejan de una aparente privatización de ese patrimonio cultural.

Por medio de los acuerdos Gubernativo 397-2007 y Ministerial 249-2008, el Real Palacio se registró a nombre del Ministerio de Cultura y Deportes y se cambió su uso para instalar allí­ un centro cultural, que, según los vecinos, “más nos parece que será un centro comercial”.

Por ello, el pasado 13 de octubre, vecinos organizados entregaron al Concejo de La Antigua Guatemala  un oficio solicitando su apoyo para la recuperación de ese edificio histórico, así­ como la creación de una comisión mixta que contribuya a definir el uso del Palacio, una vez concluida su restauración. Ambos objetivos fueron aprobados.

El viernes 21 de octubre quedó integrada la Comisión Interinstitucional Palacio de los Capitanes Generales con miembros del Concejo Municipal, el Conservador de la Ciudad (CNPAG) y representantes de las asociaciones culturales y sociales de La Antigua Guatemala. Su primera acción fue enviar al presidente de la República, ingeniero ílvaro Colom su nota de fecha 31 de octubre de 2011, solicitándole derogar los acuerdos ya mencionados por ser claramente contradictorios al orden legal vigente y sobre todo porque atentan en contra de la autenticidad histórica del Real Palacio, edificado en el siglo XVI, como sede del poder polí­tico de la entonces Capitaní­a General del Reino de Guatemala.

CENTRO DE PODER

El Palacio de los Capitanes Generales de La Antigua Guatemala fue, desde su construcción, en el siglo XVI, sede de la Capitaní­a General del Reino de Guatemala y por lo tanto asiento del poder público. A lo largo de su historia ha funcionado como oficinas públicas, tal como la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, y así­ lo ha identificado la población.

La primera construcción inició en 1558, y en ella se ubicaban las oficinas gubernamentales, administrativas y militares del Reino de Guatemala. También incluí­a un espacio denominado «Palacio Chico», residencia del capitán general. De acuerdo con Zoila Rodrí­guez, en su libro “El Real Palacio de Antigua Guatemala: Arqueologí­a y Propuesta de Rehabilitación”, el primer edificio «…no era de gran capacidad, era de artesonado con portal, techando de teja y paredes de adobe».

El inmueble serí­a averiado a través de los años por los constantes sismos. Para los terremotos de San Miguel de 1717 fue reconstruido bajo la dirección de Martí­n de Porres, obras que al parecer duraron hasta 1736. Nuevos movimientos telúricos provocaron el inicio de otra reedificación en el año 1755, siendo uno de los principales encargados el Arquitecto Mayor Luis Diez de Navarro. El Palacio, con fachada de dos pisos y 54 arcos, fue terminando en 1764.

Como consecuencia de los terremotos de Santa Marta de 1773, y después de decidir el traslado de la ciudad hacia el valle de la Ermita, fue emitida una orden legal para trasladar todo lo utilizable al nuevo asentamiento. De esta manera, muchos objetos fueron sacados del Palacio, a excepción de las columnas de la fachada, posiblemente por su gran tamaño y peso.

En los años posteriores, las instalaciones fueron utilizadas como bodegas, lo que provocó daños en la estructura. En el siglo XX, luego de una nueva reconstrucción, pasó a ser sede de la gobernación departamental (1936).

CONTROVERSIA

El caso del Real Palacio continúa causando controversias por su restauración, ya que consideran que este proceso ha sido motivo para aprovecharse de la situación.

Los vecinos critican la incapacidad del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), ya que no se pudo hacer cargo de la restauración requerida en 2006, lo que permitió que más actores se involucraran, incluyendo diputados al Congreso de la República, de donde se consiguió financiamiento.

Sin embargo, en este vací­o de responsabilidades, el rí­o revuelto permitió que nadie se hiciera responsable directamente de la restauración, permitiendo que muchas instituciones entraran a “dialoga” sobre este aspecto.

ONG, constructoras, ministerios, el CNPAG, diputados, etc., se disputaban los contratos y la aparente “autoridad” para decidir sobre este patrimonio cultural. Una ONG inició trabajos para sorpresa de los antigí¼eños, porque no habí­a consenso en ello.

Ahora, temen por una privatización del espacio público, ya que el Palacio de los Capitanes ha sido uno de los patrimonios más queridos por los antigí¼eños, y temen que un centro cultural o, en el mejor de los casos, un museo privado, entre a funcionar, desechando que siga siendo un edificio público.

“Los vecinos insistimos en que es indispensable que la Gobernación Departamental regrese a su lugar de origen, así­ como que se instale una oficina de la Policí­a Nacional Civil de Atención a la Ví­ctima”, señalan los vecinos organizados.