El Gobierno central y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) entraron en una disyuntiva sobre la forma de proceder de los cuerpos de seguridad durante el operativo de rescate de cuatro turistas belgas, donde resultó muerto el líder campesino Mario Caal.
La controversia por la retención ilegal de cuatro turistas belgas y dos guatemaltecos por grupos campesinos en el municipio de Livingston el pasado viernes, trascendió con las investigaciones de la PDH que responsabilizan a las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil del delito de ejecución extrajudicial.
De acuerdo con Rolando Yoc, director de Mediación y Resolución de Conflictos e Incidencia de Políticas Públicas de la PDH, el asesinato del campesino, de 29 años aproximadamente, quien se encontraba en un lugar lejano a la retención de los extranjeros, es la primera ejecución extrajudicial ocurrida durante el gobierno de ílvaro Colom.
Los testimonios e indicios muestran, según Yoc, que Caal estuvo expuesto a gases lacrimógenos, posteriormente fue víctima de golpes ocasionados por las fuerzas de la seguridad pública. Los golpes recibidos por Caal terminaron por causarle la muerte, según Yoc.
Agrega que al lugar no se presentaron los investigadores del Ministerio Público, razón por la que el cuerpo de Caal fue trasladado hasta hoy en horas de la mañana hacia la morgue de Izabal, lugar donde se realizaría la necropsia.
Ronaldo Robles, secretario de comunicación social de la Presidencia, sostuvo hoy que hasta el momento no se cuenta con información oficial que aclare las condiciones en las que falleció Caal.
No obstante, señaló que con el fin de dar transparencia a lo acontecido en Livigston, desde ayer se giró la orden para que una delegación de responsabilidad profesional de la PNC realice una investigación con el fin de determinar si eventualmente existió un exceso de fuerza, hipótesis que hasta el momento no se ha comprobado, dijo el funcionario.
«No somos criminales»
Rafael González, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), considera que las retenciones ilegales cometidas por líderes comunales de Izabal han sido utilizadas por algunos grupos para criminalizar la actividad social y sindical.
«Existen grupos que no actúan en el marco de la ley y nos parece incorrecto, pero se está utilizando este caso para tacharnos como delincuentes y criminales a todos los que queremos un lugar para vivir y asegurar la alimentación a nuestras familias» declaró.
Según el entrevistado, será necesario hacer una investigación sin sesgos para determinar el manejo que se está dando a la información sobre los hechos y verificar que la mayoría de organizaciones sindicales no está atentando contra el bienestar del país.
En este punto, Robles aclaró que el Gobierno tiene claro las problemáticas que se han generado al respecto. Aclaró que existe la necesidad de realizar un diálogo con la población del lugar, la cual, dijo, hay que diferenciar de las personas que mantuvieron secuestrados a los turistas belgas.
El funcionario enfatizó que por ningún motivo se cederá ante las exigencias de las personas que han solicitado la liberación de Ramiro Choc, quien es procesado por el delito de usurpación ilegal de tierras.
Robles concluyó que se tomarán las medidas pertinentes para que hechos como la retención de los agentes de la PNC y el secuestro de los turistas no se repitan.