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El tema de la educación sexual ha sido considerado desde siempre como tabú, algo de lo que no se debe ni se puede hablar, es por ello que esta ley, propone asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación familiar y a la información, consejerí­a y educación sobre salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, lí­deres de la Iglesia Católica, encabezados por Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, se han pronunciado en contra de dicha ley. En una conferencia de prensa realizada ayer por la mañana, Humberto Gracioso, miembro de esta denominación explicó que han encontrado al menos 20 inconstitucionalidades dentro del reglamento.

Al respecto, la licenciada Myrna Ponce, asesora en este tema de la diputada Zury Rí­os (quien propuso la iniciativa de ley en 2005), asegura que la Iglesia se opone a esto debido a que no ha podido entender «el espí­ritu de la ley».

«Lo que la ley dice es que el Estado debe de dotar a la población, a través del Ministerio de Salud, de consejerí­a para hacer la elección del número de integrantes que quiere en su familia», dice la licenciada.

Por su parte, el presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, pastor Darí­o Pérez, asegura que la Iglesia no está en contra de la educación sexual mientras se haga dentro de los principios éticos y morales. Además Pérez dijo apoyar la planificación y la paternidad responsable, pero que la decisión sobre el espaciamiento y la cantidad de hijos a tener debe ser de la pareja.

El pastor dijo también que la Junta de ministros no se ha reunido para estudiar la propuesta de la ley y que, de encontrar artí­culos que van en contra de la moral, ellos también se pronunciarí­an al respecto.

IGLESIA CATí“LICA

El pasado jueves, la Iglesia Católica se pronunció luego de la publicación del reglamento de la Ley de Planificación Familiar, único requisito pendiente para que entrara en vigencia, lí­deres de la Iglesia Católica -encabezados por monseñor Quezada Toruño- expresaron su rechazo a dicha normativa.

Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño, arzobispo metropolitano, manifestó que la Iglesia no está en contra de que exista una educación sexual y, que al contrario, ellos también la promueven; pero sí­ están en contra de cómo, quiénes y los efectos que la aplicación del recién aprobado reglamento pueda tener en la sociedad.

Por su parte Humberto Gracioso, miembro de la Conferencia Episcopal de Guatemala, agregó que el reglamento contiene por lo menos 20 inconstitucionalidades y resaltó, entre éstas, las violaciones a los artí­culos 45, 47, 71 y 73, los cuales promueven el derecho de cada persona a elegir el tipo de educación que se le quiera dar a los pequeños.

Quezada Toruño explicó que, además de estas inconstitucionalidades, el reglamento viola el derecho natural que tienen los padres de familia a decidir qué educación darle a sus hijos. «El Estado tiene la obligación de no atropellar con reglamentos u otras disposiciones el derecho natural de los padres de familia», afirmó el lí­der católico, por lo que llamó a la desobediencia civil de esta ley, y hacer caso omiso de ella en consecuencia.

«Llamamos a la no utilización de estos métodos educativos, ni en el hogar y mucho menos en las escuelas», afirmo Quezada Toruño, al referirse a que los padres de familia deben de hacer caso omiso a dicho reglamento.

Gracioso agregó que el reglamento pretende incentivar -a los niños desde los diez años de edad- a la utilización (o por lo menos la portación) de anticonceptivos, y obliga a los centros educativos a incluir dentro de sus currí­culos la educación sexual, «lo cual no es saludable para los pequeños, ya que el único efecto que tendrá es que tengan relaciones sexuales a temprana edad, embarazos no deseados y por ende la cantidad de abortos se incrementará», afirmó.

Por otro lado, Estuardo Carrera, miembro de la Iglesia Católica, detalló que los efectos de la utilización de anticonceptivos en las mujeres a tan temprana edad, serán nocivos y los daños que causarán en su organismo, para cuando termine su ciclo reproductivo, van a ser severos.

Por su parte, como «porquerí­as» denominó cardenal Quezada Toruño a la mayorí­a de anticonceptivos que se venden en el paí­s y los que pretenden que los niños consuman.

Carrera agregó que, otra de las preguntas que surgen, es a qué empresas les darán el derecho a suministrar los anticonceptivos que pretenden que los niños utilicen, «ya que hay empresas que menciona que son de dudosa transparencia», comentó.

A manera de conclusión, informaron que entre el 19 y el 21 de noviembre, la Iglesia Católica estará entregando a más de tres mil docentes de todo el paí­s un manual pedagógico para la educación sexual, en el hogar y en la educación, cubriendo desde la primaria hasta los básicos. Además, realizarán una propuesta al Congreso de la República para que la tomen en cuenta.

LAS AFECTADAS

Indudablemente el género femenino tiene mucho que aportar a este tema, al respecto, Sandra Morán, representante del Sector de Mujeres, considera que uno de los aspectos fundamentales que contempla esta ley es el derecho de las féminas a decidir sobre su propio cuerpo.

«Tenemos derecho a definir y decidir la cantidad de hijos e hijas que queremos tener, si queremos o no tenerlo y que tengamos las posibilidades de tomar la decisión al respecto», dice la entrevistada.

Por otro lado, la representante del sector femenino considera que en esta época es fundamental que todas las mujeres, sin importar donde viven, que idioma hablan, su situación social y económica, deben tener el derecho al acceso de información, cuestión que el Estado debe garantizar.

«Mientras el Estado garantice la información, serán las mujeres quienes deciden hacer uso de ella y tomar sus decisiones», dice Morán.

PARTOS EN TIEMPO DE HAMBRE

Un ejemplo de la situación que se vive en Guatemala fue planteado por Myrna Ponce: «De enero a agosto de este año se han dado 25 mil partos de niñas entre 10 y 16 años», dice la licenciada y agrega que muchos de estos niños no tienen papá.

Sandra Morán hace eco a esta opinión indicando que en nuestro paí­s se evidencia desnutrición, embarazos juveniles, situación precaria y de extrema pobreza, además de la falta de una planificación familiar a nivel nacional, por lo que se hace necesario tomar responsabilidad mayor en este sentido.

Por otro lado, las cifras de muertes maternas e infantiles, dice Morán, hacen necesario que se apruebe con urgencia este reglamento y que las entidades encargadas de ejecutarlo, (Ministerio de Salud y de Educación), se den a la tarea de la aplicación.

Esto implica crear una comisión de seguimiento y su preparación para la inclusión de este tema en sus polí­ticas y planes de trabajo del año próximo.

¿QUIí‰N DEBE EDUCAR?

El presidente de la Alianza Evangélica opina al respecto que, basándose en los principios de Dios y la Biblia, la responsabilidad fundamental y básica sobre este tema le corresponde a la familia. «La educación en las escuelas es complementaria», dice el ministro.

Además, Pérez asegura que la Iglesia Evangélica tiene la obligación de salvaguardar los principios éticos y morales que se han perdido en la sociedad y servir como rector de opinión para el pueblo evangélico, pero que siempre ha respetado la decisión de cada individuo.

Por otro lado, representantes de la Iglesia Católica informaron sobre la entrega de un manual pedagógico sobre educación sexual a unos tres mil docentes, esto con el fin de que los maestros sepan como hablar sobre el tema con estudiantes de nivel primario y básico.