El mal redactado acuerdo que resta jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de casos previos a la ratificación del Estado de Guatemala del estatuto de dicha corte, genera una intensa controversia legal porque se trata de equiparar la reserva guatemalteca a la que en su momento hicieron, con toda precisión y claridad, otros países que se sustrajeron de la jurisdicción internacional en casos ocurridos o cuya ejecución inició antes de la ratificación de la convención que dio vida a ese tribunal internacional.
La reserva respecto a la validez de un tratado o convención internacional no puede modificarse posteriormente sino que se tiene que hacer valer en el momento mismo de la ratificación. Lo que ha querido hacer el gobierno actual es una modificación posterior que no se contempla en el derecho internacional y por lo tanto los asesores de Pérez Molina están exponiendo innecesariamente a su gobierno a la crítica porque se asociará la calidad profesional del Presidente con la postura actual. En otras palabras, se dará validez y consistencia a la tesis de que en Guatemala se volvió a establecer un gobierno militar con la elección del general Otto Pérez Molina, extremo que el mandatario ha tratado de evitar puntillosamente.
La Corte ha conocido de casos ocurridos antes de la ratificación del Convenio respectivo porque argumenta que se trata de delitos continuados como la desaparición forzosa. El delito no se consuma con el secuestro de la víctima, sino que se mantiene durante la ausencia del afectado y sigue cometiéndose en tanto no sea localizado. Bajo esa tesis se han juzgado varios casos en los que se implica a autoridades que ejercieron el poder antes de la ratificación del instrumento.
Creemos que ha sido un grueso error, no sólo desde el punto de vista jurídico y legal, sino también político. No sólo porque el acuerdo publicado en el diario oficial fue redactado con las patas, como se dice vulgarmente ante un mamarracho como ese, sino que también porque ni siquiera subsanando errores de forma que se puede superar el error conceptual desde el punto de vista del derecho internacional. Pero más que eso, se ha colocado al gobierno de Pérez Molina como un típico gobierno militar que trata de evitar, como se hizo en los años setenta y principios de los ochenta, que la justicia pueda siquiera conocer de casos de violaciones de los derechos humanos.
Creemos que Pérez Molina había logrado en muchos sentidos romper con esa etiqueta que se le puso como gobierno militar, pero sus consejeros, en este caso, le han puesto la soga al cuello.
Minutero:
Restarle jurisdicción
a la corte interamericana
es, además de aberración,
metida de pata malsana