Ante un clima de violencia generalizada, sin normas claras para regular la circulación de los vehículos de dos ruedas y con escasa voluntad y pocos policías para hacer cumplir la Ley, las autoridades tienen todo en su contra para poner en marcha el plan de seguridad

Que pretende frenar los crímenes que se cometen desde las motocicletas y que angustian cada vez más a los guatemaltecos del área central. ¿Fue una medida meditada o una vez más ganó la improvisación de las autoridades?

Hace cuatro años las autoridades del Ministerio de Gobernación del gobierno de Álvaro Colom establecieron, sin éxito, normas para regular la circulación en motocicleta, luego de que se reportara una ola de ataques armados desde ese tipo de vehículos en la Capital y los municipios aledaños, pero nunca se supervisaron las regulaciones establecidas.

Este año, las autoridades de Gobernación del gobierno de Otto Pérez Molina plantearon una propuesta similar ante una desbandada de la violencia, pero todavía parecen no tener claro cómo solucionar el problema.

El pasado 14 de agosto las autoridades establecieron la obligatoriedad de utilizar un chaleco anaranjado y casco identificados con el número de placa de la motocicleta, así como limitar la circulación en el carril derecho, pero luego dijeron que modificarían su estrategia inicial, sin que hasta ahora se sepa cuál será la vía a seguir.

La falta de claridad en la estrategia de seguridad, aunado a la falta de voluntad y personal policial para hacer cumplir la Ley, junto al clima de violencia, son los factores que se conjugan para que el plan sea inoperante aún antes de entrar en vigencia.

CONTROVERTIDO ACUERDO

El pasado 14 de agosto fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo gubernativo 289-2013, el cual establece que los motoristas deberán portar un chaleco de color naranja (color del partido oficial), así como un casco; ambos con el número de placa impreso y visible a una distancia de cinco metros.

Asimismo, el acuerdo señala que los conductores de motocicletas deberán circular solamente en la derecha de otros automotores, o en el caso que la señalización lo permita, cambiar de carril.

“Lo que se está haciendo es tratar de organizar el tránsito de alguna manera. Lo que se haga en este sentido tiende a ordenarlo. Creo que dependiendo de los resultados esto puede contribuir y ser un elemento que ayude a la seguridad. No se puede pensar que solo esto resuelve el problema, sino es más bien un elemento que puede aunarse a otro y verlo de una manera más integral y se pueda mejorar el tema de la seguridad”, opina Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública.

Dicho reglamento ha generado controversia y oposición de los guatemaltecos que ven en las motocicletas un medio de transporte en servicio de sus lugares de trabajo y hogares. Por esta situación, el pasado 22 de agosto, cientos de motoristas salieron a las calles para manifestar su rechazo al acuerdo 289 y exponiendo sus demandas.

Posterior a esta manifestación, el Director del Departamento de Tránsito, Edgar Méndez, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y los representantes de los motoristas acordaron instalar una Mesa Técnica para discutir y analizar la viabilidad de algunas disposiciones del decreto, que según informaron, será reformado en los próximos días.

SIN REGLAS CLARAS

El pasado jueves 30 de agosto, el Gobierno informaba, a través de Otto Pérez Molina, que se derogaría el acuerdo al que se hizo mención en este trabajo, por un nuevo acuerdo que sería presentado esta semana, producto de las discusiones de la Asociación de Motoristas de Guatemala (AMG) con el Ministerio de Gobernación y el Departamento de Tránsito.

Por el momento, ha trascendido que las sugerencias de los motoristas fueron aceptadas y podrán circular en cualquier carril, pero tendrán prohibido detenerse al lado de un automóvil, así como circular en las aceras.

 No obstante, se conoce que las multas fueron rebajadas aunque el color del chaleco, a lo que se oponían los motoristas, seguirá siendo el mismo. Además, la nueva disposición entrará en vigencia el próximo 15 de octubre y ya no a mediados de este mes, como se tenía previsto.

El viceministro de Gobernación, Edy Juárez, por su parte, señala que antes de la implementación de las medidas reguladoras, los motoristas deben conocer el acuerdo “de la mano oficial”.

Juárez admite que no tenían previsto ningún cambio porque técnicamente el acuerdo gubernativo fue creado en los términos correctos.

Todo se definirá y quedará claro con una nueva publicación en el diario oficial.

IMPOSIBLE FISCALIZACIÓN

Según la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT)  en el país están registradas 820 mil 641 motocicletas, que conforman casi el 30% del parque vehicular, pero solo en el departamento de Guatemala circulan 223 mil 594 que deberían ser fiscalizadas con el nuevo reglamento.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional Civil indican que en Guatemala existen 26 mil 536 agentes con funciones operativas, pero solo 7 mil efectivos resguardan el departamento de Guatemala, que se dividen en tres turnos de trabajo, por lo que su papel en la fiscalización sería complicado.

La Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala, por otro lado, informa de la presencia de 800 agentes para controlar el tráfico en el área metropolitana con turnos de 8 horas y anuncian la creación de una fuerza élite de 150 agentes para el control de motoristas.

“Ese panorama de control es complicado porque hay pocos agentes, si lo queremos ver en proporción. Si es necesario que se controle y se regule a los motoristas. Recordemos que ellos (los policías) lo que tienen que hacer es un estudio en donde se dan más problemas y en qué lugar es necesario hacer más operativos en este sentido. Debería haber organización para que la norma se cumpla, aunque está complicado considerando la gran cantidad de motoristas que hay”, asegura la analista de la IMASP.

CRÍMENES AUMENTAN

El creciente uso de las motos ha sido aprovechado por criminales, por ejemplo en actividades como sicariato, robo de celulares, asaltos y la comisión de otros hechos delictivos, aseguran representante del  Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) pues afirman que en el presente año casi 500 personas han sido asesinadas y otras 60 heridas por presuntos sicarios en motos.

“Hasta el momento van 490 muertos por sicariato. Algo que es importante es que cuando una moto es robada, la Policía debería tener un mecanismo para ver cómo va el proceso de investigación, porque hay un registro de 1,071 motos robadas entre enero y abril y solo se han recuperado dos. Si las personas ponen la denuncia de manera inmediata no tendrán inconveniente de que su moto será utilizada para un crimen”, argumenta Mario Polanco, director del GAM.

Hay que tomar en cuenta que representantes de los motoristas, como la AMG, a través de su presidente Armando Soto, exponen que el alza de los precios en los combustibles, el cotidiano congestionamiento en las principales calles de la ciudad, la inseguridad y la deficiencia persistente en el transporte público y los costos accesibles del mercado hace que cada vez más guatemaltecos opten por adquirir una motocicleta.

Asimismo, el directivo de la AMG ha manifestado en todo momento que desde siempre han sido señalados por la sociedad como “sujetos del crimen”, y aunque respetan las opiniones vertidas contra ese grupo, dice que no las comparten, porque a quienes él representa es “gente trabajadora que también son vulnerables a la delincuencia, accidentes de tránsito e inclemencias del clima”.

No obstante, tanto el presidente Otto Pérez Molina así como el titular de la cartera del Interior, han manifestado en múltiples ocasiones que el acuerdo gubernativo 289-2013 nació con la necesidad de prevenir la comisión de hechos delictivos por ocupantes de motocicletas y reducir los índices de criminalidad en el país.

“Este miedo que tiene la población es producto de la debilidad del Gobierno y de la impunidad en que operan los motoristas en el país. Nosotros apoyamos el acuerdo. A los mismos motoristas les conviene que se implemente esta normativa para evitar que continúen siendo señalados”, explicó Polanco.

Finalmente, el representante del GAM asegura que sí es posible que funcione el control; especialmente porque cuando se empiece a imponer multas los motoristas van a aceptar y cumplir la ley. Asimismo, opina que el conducirse en moto es una necesidad, pero que no faculta a nadie para que se viole la ley.

CLAMAN MÁS LEGISLACIÓN

Carmen Aída Ibarra, de Pro Justicia, sugiere que la iniciativa 4507, la Ley contra el Robo de Celulares, que tiene ya dictamen favorable en el Congreso de la República, debe acompañar al acuerdo para regula el uso de motocicletas, por lo cual urge su aprobación en la lucha del Gobierno en desarrollar políticas públicas que atiendan los fenómenos criminales que causan mayor impacto social.

“Un amplio segmento de la sociedad hemos estado demandando que se tomen medidas orientadas a prevenir, desestimular, a poner obstáculos a diferentes crímenes que se cometen día a día y que tienen un gran impacto en el seno de la sociedad. Los crímenes atribuidos a criminales que se conducen en motocicletas son abundantes y son quienes más afectan a la población. De manera que estas disposiciones anunciadas, tratan de atender este clamor por la seguridad”, afirma Ibarra.

Para la experta, en el caso de las motocicletas, las normativas son de difícil aplicación porque los guatemaltecos no cuentan con una cultura caracterizada por cumplir las leyes, pues la sociedad ha crecido y se ha desarrollado en un marco de impunidad y falta de sanciones; y por lo tanto muchos creen que esta nueva ley no va a ser cumplida porque es demasiado engorrosa y por esa situación, los motoristas constantemente protestan.

Ibarra subraya: “No hay certeza que las municipalidades o los agentes de tránsito estén preparados y capacitados de manera suficiente para hacer cumplir la norma. Recomendamos al Gobierno que analice los resultados de la aplicación en las primeras semanas y que haga los ajustes que considere pertinentes y necesarios, luego del seguimiento y que los cambios obedezcan no a las presiones, sino a las necesidades técnicas que se hayan presentado”.

Sobre el clima de terror y el estigma contra los conductores de vehículos de dos ruedas, la consultada expresa que el mismo no lo está creando el Gobierno ni el acuerdo gubernativo, sino que ya existía: “Esto viene desde antes del acuerdo gubernativo. Hay gente que va en su vehículo, ve acercarse a un motorista y tiene miedo y se pone en alerta. El acuerdo gubernativo no está diciendo que todos los motoristas son ladrones”.

Según Ibarra, una sola medida como el acuerdo 289-2013, no es suficiente para paliar la situación de violencia imperante en el país, y por lo tanto se hace necesario para el Estado, desarrollar una fuerza policiaca que esté más adecuada a las demandas de seguridad, que esté mejor preparada en equipo, en cantidad de efectivos y en capacitación para hacerle frente a los fenómenos criminales que “están desbordados”.