Una amiga de mi familia cuyo trabajo le exige visitar a sus clientes en distintas zonas de la ciudad, durante una reunión social se lamentaba de la falta de control de parte de las autoridades gubernamentales o municipales sobre los estacionamientos públicos de vehículos, puesto que constantemente incrementan unilateralmente sus tarifas, sin garantizar que los automotores no serán dañados o robados por terceras personas o por los mismos encargados de esos negocios.
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Sin ser demasiado optimista y a sabiendas de intereses ocultos que suelen estar en juego en lo que se refiere a variadas iniciativas de ley, le indiqué a la chica que diariamente gasta alrededor de Q100 por el uso de estacionamientos, que un diputado al Congreso de la República ha mostrado su intención de que se regule el funcionamiento de esos establecimientos privados de uso público, probablemente con el propósito de velar por el beneficio de los automovilistas que utilizan los mal llamados parqueos.
En efecto, el parlamentario Luis Contreras, jefe de la bancada Guatemala, planteó al pleno del Organismo Legislativo la iniciativa de ley que persigue normar el funcionamiento de esos negocios, los cuales en la actualidad no son objeto de ninguna regulación legal, de tal manera que sus propietarios deciden a su antojo lo relacionado con las tarifas, fuera de su absoluta falta de responsabilidad por robos y daños de que son objeto los vehículos allí estacionados.
De llegarse a aprobar el proyecto legislativo del diputado Contreras, se establecerá que las tarifas serán fijadas por minuto y no por hora o media hora, sin que ese tiempo sea consumido por el usuario, como sucede actualmente, correspondiendo a las municipalidades de las respectivas jurisdicciones fijar oficialmente las tasas. En los casos de tiempo indefinido, se hará constar el día, la hora y minuto de entrada, para que el cobro sea proporcional.
La citada iniciativa de ley, asimismo, viene a llenar un vacío legal en lo que respecta a que los propietarios de estacionamientos serán responsables de los perjuicios causados a los vehículos, de modo que se verán obligados a contratar seguros contra daños y robo de automotores, como previa condición a que la municipalidad local autorice su funcionamiento.
Por supuesto que el proyecto legislativo es de beneficio general, aunque específicamente tiende a proteger a los automovilistas que utilizan estacionamientos públicos; pero se corre el riesgo de que esa iniciativa no prospere, como ya ocurrió hace dos años con una propuesta similar, a menos que el diputado Contreras logre el respaldo de sus compañeros de bancada y de los congresistas de los restantes bloques, si es que puede convencerlos.
(Romualdo Tishudo me contó que un despistado ratero intentó robarse una de las llantas de cierto vehículo que salió de un estacionamiento, pero no pudo porque el piloto manejaba muy de prisa).