Diez años después de que las prisiones quedaran en poder del crimen organizado, las autoridades guatemaltecas han retomado el control de dos, entre ellas la más importante del país, Pavón, dejando al descubierto las redes de extorsión y crimen organizado que operaban en ellas.
El operativo militar lanzado el 25 de septiembre pasado en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, 25 km al este de la capital, dejó al descubierto un submundo controlado por reos acusados de asesinatos, narcotráfico y secuestros.
Los reclusos habían construido lujosas residencias, una de ellas con finos acabados de madera, billares, jacuzzi, aparatos eléctricos y sótanos secretos para esconder a las personas que secuestraban mientras sus familiares les pagaban los jugosos rescates.
También había criaderos de cerdos y aves de corral, así como mascotas, perros de raza y gatos.
El director general del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei, calificó los operativos como un «duro golpe» al crimen organizado, tras reconocer que desde 1996 las prisiones estaban en manos de los presos.
El contacto directo era el denominado Comité de Orden y Disciplina, el cual quedó desarticulado y ocho de sus cabecillas perdieron la vida en la acción policial.
Según el director de presidios, los miembros del Comité ganaban hasta 100 mil dólares anuales con sus extorsiones desde el reclusorio, en el que había más de 1.600 presos.
Además, según investigaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos el Comité puedo haber asesinado a varios internos.
Otro operativo policial y del ejército desmantelaron recientemente el control de los presos de la Granja Penal de Rehabilitación Cantel, 200 km al oeste de la capital.
Ahora las autoridades planean operativos similares en otras importantes prisiones de Guatemala, como la de Canadá, el Infiernito o el Hoyón, las tres en el departamento de Escuintla (sur).
En esas prisiones se registraron el año pasado violentos enfrentamientos entre miembros de las temidas pandillas juveniles conocidas como «maras», que dejaron unos 30 muertos.
Guatemala tiene un total de 35 prisiones a nivel nacional en las que están unos 9.800 hombres y más de 400 mujeres.
Según un informe de las Naciones Unidas del año 2000, en Guatemala nunca ha existido un sistema penitenciario que regule la vida de las prisiones y mucho menos con áreas que respondan a las necesidades de reeducación y rehabilitación de los reclusos.
«Históricamente, sólo han existido centros penales en pésimas condiciones de seguridad y convivencia, y un cuerpo de guardias que desarrolla su tarea sin formación específica y en deplorables condiciones de trabajo», afirma el documento.
«La violencia dentro y fuera de las cárceles, las frecuentes fugas de reclusos, la arbitrariedad de las detenciones y la reclusión en condiciones indignas, son consecuencia de la inacción del Estado y del olvido de la sociedad ante un problema siempre postergardo», concluye.
Por ello, el pasado 8 de septiembre el Congreso aprobó la primera Ley del Sistema Penitenciario en esta nación, que establece tres tipos de cárceles y crea la carrera para los guardias penitenciarios.
Guatemala es el único país de la región donde todavía está vigente la pena de muerte, en cuyo corredor hay alrededor de 35 condenados, aunque en los últimos años no se han producido ejecuciones.
Guatemala es el único país de la región, junto a Cuba, donde está vigente la pena capital, que fue aplicada por última vez el 29 de junio de 2000 a dos secuestradores acusados de matar a su víctima.
Hasta el momento, tres han sido los reos condenados a muerte que han pasado por la inyección letal, pues anteriormente se acostumbraba a fusilar a quienes eran sentenciados a la pena capital.
La última ejecución por la vía de las armas ocurrió el 13 de septiembre de 1996.
Actualmente, alrededor de 37 reclusos se encuentran en el ’corredor de la muerte’ pues sus procesos están estancados, aparte de un vacío legal existente en Guatemala en lo que respecta al indulto presidencial, pues el ex mandatario Alfonso Portillo se desligó de esa responsabilidad.
Otro condenado, Fermín Méndez, un reo sobre el que pende la pena capital por la violación y asesinato de una niña de cinco años en el departamento de Escuintla (sur), logró una sentencia de cárcel únicamente, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara que se repitiera el juicio en su contra.
En su dictamen la CIDH, alegó que existían vicios de forma en el proceso y que además la condena a muerte contravenía el Pacto de San José, por lo que ordenó que se repitiera el proceso y que se garantizara que Méndez no sería condenado nuevamente a la pena capital.