Parte de las funciones del Congreso de la República es la fiscalización y en ese sentido pocas áreas en las que sea tan crucial el control como en cuanto a exigir que aquellas leyes que requieren para su implementación efectiva de un reglamento, lo tengan a la brevedad y dentro de plazos prudentes. Sencilla forma de burlarse del Congreso es que apruebe una ley, pero que las entidades encargadas de implementarla no emitan nunca el reglamento respectivo y la ley quede sin ser observada simplemente porque a algún burócrata se le ocurrió que «no valí­a la pena» hacer el reglamento.

Cierto es que así­ ha ocurrido y que aún el mismo Congreso ha incumplido mandatos constitucionales que ordenan la emisión de leyes ordinarias para regular determinadas situaciones. Pero en el caso de la Ley General de Educación, es evidente que el Ministerio, desde que la ley fue emitida, adoptó la postura cómoda de burlarse de los diputados dejando ese instrumento legal sin el reglamento respectivo.

Sorprende, entonces, que ahora vengan a decir que hay intromisión del Legislativo en las funciones del Ejecutivo porque no sólo exigieron la aprobación del reglamento, sino que rechazaron el veto presidencial. La Corte de Constitucionalidad tiene que resolver diciendo que el Congreso está en pleno uso de sus facultades cuando ordena que se dicte el reglamento que haga efectiva una ley que fue sancionada con todos los pasos que se requieren para su vigencia, pero que no se aplica porque los ministros se han burlado del Congreso al dejarla sin reglamento.

La ministra de Educación ni es pedagoga ni es abogada y por lo tanto no se le puede pedir que entienda la barrabasada que han cometido; el mismo Presidente de la República no se dedica al Derecho y por lo tanto se le puede disculpar el desconocimiento de la autoridad que tiene el Congreso para exigir que se emita un reglamento ante la evidencia de que por decisión burocrática se han pasado una ley por todo el arco del triunfo. Pero lo que no se puede perdonar es que la Secretarí­a General de la Presidencia muestre tal nivel de ignorancia como para hacer quedar en ridí­culo a un abogado que ejerce la función de gobernante.

El asunto es sencillo. Sin reglamento, la ley no se aplica y entonces el Congreso queda burlado. Si se sienta el precedente de que se puede burlar así­ cualquier ley, nuestro ya débil y maltrecho estado de derecho queda amolado. Y basta usar la lógica, tener dos dedos de frente, para darse cuenta que el Congreso actuó correctamente y que la CC no tiene más salida que darles la razón. Y lo debe hacer cuanto antes porque, repetimos, es terrible lo que hicieron al reí­rse de la función legislativa de esa manera que evidencia cuán astutos han resultado estos gobiernos para jugarle siempre la vuelta a la legalidad.