En las acciones legales presentadas en contra del usufructo firmado entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) –que se encuentra suspendido–, no se han encontrado ilegalidades, según Allan Marroquín, interventor de la Portuaria. Sin embargo, en el caso se han planteado irregularidades que ponen en tela de duda la legalidad del contrato

Marroquín explicó que derivado de una serie de acciones rechazadas por órganos jurisdiccionales, “en este momento no existe ningún impedimento legal para entregar el terreno” que fue negociado para la construcción de una terminal de contenedores.

De acuerdo con Marroquín, se esperaría que en los próximos días se prosiga con el proyecto; no obstante, aún está suspendido por orden de Otto Pérez Molina, presidente de la República.

PENDIENTE
En contradicción, lo dicho por el Interventor, Douglas Lainfiesta, abogado de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), quien presentó una serie de impugnaciones en contra del usufructo, aún hay recursos planteados que deben continuar el trámite.

En ese sentido, el abogado recordó que en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil se encuentra el trámite de la demanda de nulidad absoluta del contrato de constitución de usufructo oneroso presentado en contra de la TCQ. Esta  acción busca que el contrato se declare lesivo.

Según el expediente de la demanda civil, los interponentes consignaron cinco argumentos por los que requieren que la negociación sea declarada nula, siendo el primero de ellos que el contrato es contrario al orden público, pues el mismo no responde a un interés general, sino a intereses privados.

Dentro de las otras impugnaciones al contrato, en diferentes cláusulas de la demanda, los representantes de Lider señalan la interpretación del contrato, cuestionan el objeto del mismo, y refieren que éste es contrario a las leyes prohibitivas expresas, “porque es una entidad descentralizada y autónoma y dentro de los servicios públicos está el de satisfacer la demanda pública”.

También indican que la firma de dicha concesión es un evidente fraude, pues no cumple con los procedimientos de licitación para la concesión.

EL TRÁMITE
En la actualidad, dicha demanda se encuentra varada, puesto que el expediente fue remitido a la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Civil, por una impugnación de Lider.

Por otro lado, Marroquín dijo que un amparo diligenciado en la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil, ya fue declarado sin lugar; la acción también buscaba la nulidad del contrato.

Lainfiesta aseguró que se encuentran a la espera de la resolución de una apelación ante el rechazo de su solicitud de dictar arraigo contra Marroquín, Julio Rolando Sandoval Cano, Francisco Javier Soucheiron Marcet y Ángel Pérez Maura García, representantes legales de las entidades involucradas.

El usufructo firmado entre el Gobierno guatemalteco y la empresa española TCQ, ha sido cuestionado por supuesta ilegalidad y falta de transparencia.