El Procurador General de la Nación, Mario Gordillo, aseguró que el Ejecutivo mantiene su postura al indicar que el contrato de Ferrovías es lesivo, razón por la cual esperan que el tribunal les dicte una sentencia en la que confirmen dicha lesividad.
Por su parte el abogado externo de Ferrovías, Juan Pablo Carrasco, mencionó que existen intereses personales detrás de este problema, pues el gobierno pretende despojar al inversionista de sus derechos y entregárselos a un pequeño grupo que busca descuartizar el sistema ferroviario y utilizarlo con fines de lucro en bienes raíces.
Carrasco agregó que Ferrovías sabe quienes están detrás de esto, pero no adelantarán nombres, pues serán revelados en el juicio internacional que se está efectuando, ya que son intereses que nada tienen que ver con el ferrocarril.