Contratistas del Estado exigen el pago de deuda por el mantenimiento realizado a la red vial del país. La Asociación Guatemalteca de Contratistas (AGC) no descarta accionar legalmente contra quienes adquirieron la deuda con las empresas involucradas.

La AGC aduce que la deuda contraída es legal, porque los contratos firmados avalan los compromisos e instan a los diputados  del Congreso de la República a aprobar inmediatamente la emisión de Bonos del Tesoro para cancelar el monto adeudado.

Aunque indican que no paralizarán las obras viales, no descartan tomar medidas legales contra exfuncionarios que contrajeron la deuda con las empresas contratistas.
 
Referente a la existencia de las obras, el ingeniero Antonio Rada, presidente y director de supervisión de la Asociación de Contratistas de Guatemala, denuncia que los trabajos de reparación y mantenimiento vial que no han sido pagados ya fueron ejecutados, mediante contratos legales con las autoridades correspondientes.

Rada afirma que el monto de la deuda es de mil 120 millones de quetzales, pese a que el Ejecutivo planteó la semana pasada en la iniciativa la aprobación de Q3 mil 500 millones en Bonos del Tesoro, para pagar la deuda flotante adquirida por el Ministerio de Comunicaciones en administraciones anteriores.

“El pago de la deuda, el monto por el que nosotros andamos en la lucha es por Q1,120 millones. Es lo que al mantenimiento de la unidad ejecutora se le debe”, aseguró el presidente de la AGC.

El representante llama a la reflexión a las distintas Cámaras empresariales, a no oponerse a la emisión de Bonos del Tesoro, pues asegura que estos entes industriales también se han beneficiado de las obras viales cuando transportan sus productos y mercancías.

Si la emisión de Bonos del Tesoro no es aprobada por el Organismo Legislativo, Antonio Rada advierte que sin la deuda saldada, los contratistas no podrán seguir atendiendo las emergencias en el invierno durante el presente año; además indica que de ser necesario, podrían ocasionarse despidos masivos en las empresas en riesgo de quiebra.

“Si ellos (diputados) no nos autorizan ese pago de los bonos, en primera instancia no vamos a poder atender las emergencias que se presenten. Lo que queremos es volver a financiarnos. Estamos descapitalizados. No es que vamos a quitar trabajos, pero vamos a tener que hacerlo como una medida de solución para capitalizarnos”, argumentó.

Finalmente, el director de ejecución explica que los problemas se agudizan, pues en algunas empresas se ha dejado de pagar al personal, por lo que la economía de las familias se ve afectada. Asimismo informa que la AGC se ha reunido con los parlamentarios, no para ejercer presión sino “para recibir el apoyo que esperamos”.