En Guatemala nos quejamos del coste de la educación pública y su baja calidad; atribuible a un sinfín de argumentos, sin embargo, el Ministerio de Educación poco hace para erradicar dicho problema. Las dependencias internas del Ministerio padecen del síndrome del tenis, “se pasan la pelota de un lado a otro” sin resolver el fondo del asunto.

Si usted como ciudadano visita las instalaciones del Mineduc, se dará cuenta del ejército de empleados administrativos que allí pululan, porque no se ve que tengan un lugar de trabajo específico y para el número de empleados existentes, la administración debería ser mucho más que eficiente; sin embargo, el tortuguismo, desinterés, desidia y descontrol imperantes, hacen de los trámites, un proceso larguísimo en el tiempo con la consabida lesión económica para los interesados que tramitan expedientes.

    La legislación educativa pretende dar soluciones y normas para el buen desarrollo de la actividad principal del Mineduc: la educación; sin embargo… otras leyes colaterales que son aplicadas de forma chafarotesca impiden el desarrollo de los procesos educativos y las autoridades por desconocimiento (léase ignorancia) están anuentes a la aplicación de tales limitantes.

    El Acuerdo Gubernativo No. 165-96 (Creación de las Direcciones Departamentales de Educación) en su artículo 2 faculta a los directores a designar personal interino que supla las necesidades de docentes en escuelas e institutos, sin embargo, la Contraloría General de Cuentas por medio de sus auditorías administrativas es muy celosa (manu militari) de que cada docente esté trabajando en el lugar de su nombramiento, aunque allí sea subutilizado, no permitiendo que se le designe para prestar sus servicios en otro centro educativo donde sus servicios sean necesarios, urgentes y bienvenidos.

    Las multas de diez mil quetzales a los directores de plantel, supervisores y directores departamentales que no observen lo dictado por la Contraloría General de Cuentas, es el mayor disuasivo para que los problemas de falta de recurso humano no sean resueltos y las autoridades del Mineduc no mueven ni un dedo ante la Contraloría  para solucionar este problema.

    Por lo tanto, el anterior ejemplo sirve como elemento para que la Asesoría Jurídica del Mineduc, promueva una dispensa legal ante la Contraloría para que muchísimos docentes subutilizados en escuelas e institutos puedan ser reubicados en otros planteles previa calificación de las supervisiones educativas de las Direcciones Departamentales de Educación, y de esa forma atender las demandas de la población para la atención escolar de sus hijos.

    ¿O querrán que sea la Asociación de Colegios Privados quienes lo hagan?  Es un DEBER y una OBLIGACIÓN que el Mineduc con su montonazo de asesores jurídicos lo tramiten cuanto antes, o en caso no puedan, no tengan tiempo o no quieran hacerlo, pedirle al Bufete Popular de la Usac que les haga el trámite de gratis.

    Lo que si debe hacerse de inmediato; es impugnar la legislación de la Contraloría pues viola el derecho constitucional a la educación de la población guatemalteca. ¿Quién lo hará?