La contralora Nora Segura se encuentra a meses de dejar el cargo para el que fue designada por el Congreso en 2010, con el mandato de fiscalizar el gasto público y denunciar la corrupción en el Estado.

Analistas ven un panorama claroscuro en la gestión de la funcionaria, pero enfatizan en la debilidad de la fiscalización de las compras directas, los fideicomisos y los contratos abiertos.

Segura, titular de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), próximamente dejará el cargo, pero sobre su gestión pesan críticas por la falta de contundencia en su papel para prevenir y denunciar la corrupción en el manejo de los recursos públicos.

Un informe de la CGCN enviado a La Hora defiende la gestión de la funcionaria, a la que atribuye importantes hallazgos en el gasto público, pese a los obstáculos que implicó realizar auditorías.

No obstante, expertos en el tema coinciden que la gestión de Segura no tuvo novedades y en varios aspectos no se realizaron suficientes esfuerzos de fiscalización en materia de fideicomisos, compras por excepción y contratos abiertos.

LOGROS CGCN

La Contraloría General de Cuentas informó que durante la administración de Nora Segura Monzón se realizaron varias contribuciones en el tema de fiscalización, transparencia, probidad y prevención de la corrupción.

Según información de la CGCN, la corrupción pública se combatió por medio de estrategias que incluyeron capacitaciones a los auditores interinos, a través de diplomados que incluyeron un plan de estudios con contenidos para evaluar el control interno y fiscalización en la ejecución presupuestaria.

Bajo el lema “Yo me declaro transparente”, la Contraloría instó a los funcionarios y servidores públicos a registrar por primera vez sus datos en el sistema; en el caso de quienes se encontraban ya registrados, se les incentivó a que se actualizaran con el objeto de contar con una base de datos más exactos.

Según la base de datos de la CGCN, actualmente existen un millón 531 mil 331 registros y actualizaciones que permiten contactar al funcionario o empleado público si es necesaria alguna notificación.

El “Plan de autorías de transparencia” fue otro de los logros que se atribuye la CGCN, ya que permitió realizar auditorías especiales que establecieron las operaciones del gasto público, estableciendo efectividad, economía y equidad, con la que fueron administrados y ejecutados los recursos del Estado.

Para la protección y preservación del ambiente la Contraloría realizó “auditorías de gestión ambiental” que sirvieron para que los concejos municipales se comprometieran a buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo, mientras que las “auditorías en sistemas informáticos” consistieron en servicios electrónicos para realizar trámites obligatorios para funcionarios y empleados públicos, tal como la declaración jurada patrimonial.

En este contexto, también se creó el “Sistema Inteligente de Probidad (IPROB)” además de los sistemas de auditoría gubernamental nombrados como “SAG y SAG UDAI”, que se realizaron mediante el “Proyecto fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas”, que consiste en hacer uso de las tecnologías de información que tiene como fin asegurar el cumplimiento en las prácticas informáticas.

Según la CGCN dentro de esta rama se encuentra la existencia de planes de informática, organización de la función informática, existencia de políticas informáticas en seguridad física y lógica, así como la gestión de cambios, copias de seguridad, recuperación de datos y el cumplimiento de los ciclos de vida del desarrollo de un sistema informático.

Los beneficiados de dicho proyecto fueron dos mil auditores de las diferentes instituciones de Gobierno; 800 auditores gubernamentales de la CGCN; mil 200 usuarios de la Contraloría General de Cuentas y 377 mil funcionarios del Gobierno central.

ÚLTIMA AUDITORÍA

Nora Segura, antes de dejar el cargo, realizó la última auditoría de su gestión sobre el presupuesto 2013 y auditorías especiales que reflejaron 97 denuncias penales por un monto de Q472 millones 369 mil 658.06.

Según el informe de la CGCN dentro del periodo de junio 2013 a mayo del 2014 se reportaron 28 denuncias gubernamentales dentro de las que se encuentran el Gobierno central, entidades descentralizadoras y autónomas; mientras que 43 de éstas fueron atribuidas a la municipalidad, siendo una de las más difíciles de fiscalizar.

También se reportó 11 denuncias a los proyectos de infraestructura; nueve para las entidades especiales, en las que se encuentran asociaciones, fundaciones y oenegés; además de cuatro denuncias por gasto público y finalmente dos para el sistema informático.

BAJO DESEMPEÑO

Carlos Aníbal Martínez, analista del área socioeconómica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), calificó la gestión de la Contralora como “ineficiente”, ya que no logró contrarrestar los índices de corrupción y las cuestionables cifras de compras directas, resultado de los fraccionamientos de compras voluminosas.

Martínez dijo que la labor de la entidad fiscalizadora se pudo ver obstaculizada en tres aspectos. El primero se debió a que la Contraloría no tuvo avances en fiscalizar los procesos de compra en su inicio, sino hasta cuando finalizaron, evitando así la transparencia en las ejecuciones del gasto público.

El segundo aspecto que pudo darse fue que la CGCN no fortaleció a sus equipos de fiscalización, los cuales debieron reflejar transparencia en cada proceso que realizaron, y el tercero fue la interferencia de actores que evaden el cumplimiento de la Ley, eludiendo las auditorías internas.

En este último aspecto coincide la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), quien dijo que la gestión de Segura tuvo “claroscuros”, debido a que intentó dar buenos resultados, pero éstos se vieron empañados por la presión de funcionarios que detuvieron su labor.

“Es deber de todo representante de cualquier entidad hacer denuncias públicas y penales cuando se dan ese tipo de hechos”, opinó la congresista.

En este sentido, Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar (URL), dijo que el mandato que está por finalizar en la Contraloría General de Cuentas careció de autonomía y enfrentó dificultades técnicas que no permitieron el buen funcionamiento de los procesos de fiscalización.

Ante el cuestionable desempeño en la gestión de Segura, los entrevistados coinciden en que el próximo Contralor General de Cuentas deberá reflejar mejores resultados y alejarse de “juegos de interés” por parte de actores interesados que solo obstaculizan la labor fiscalizadora, que en esencia pertenece a esa entidad.

COMPRAS POR EXCEPCIÓN

Las compras por excepción realizadas por distintas entidades de Gobierno aduciendo calamidades y situaciones de emergencia  recibieron críticas por diversos sectores de la sociedad civil, que vieron insuficiente control en la gestión de Segura.

La diputada Montenegro, quien en varias oportunidades planteó denuncias por abusos en las compras por excepción, dijo que la acción destacable de la CGCN fue la imposición de sanciones económicas a las entidades que se aprovecharon de la Ley, pero considera que no se le dio seguimiento a esos casos.

Ante esa acción, Montenegro recordó que la principal función de la Contralora era accionar con denuncias penales y dar continuidad a las mismas con el fin de llegar a una aclaración en los casos con indicios de corrupción.

“A ella –Nora Segura Monzón– le pusieron contrapesas. En su caso lo que yo hubiera hecho es interponer una denuncia pública y también una penal para que las cosas no estuvieran como ahora. Sin embargo, no sucedió nada”, enfatizó la diputada.

FIDEICOMISOS

A pesar de que el acuerdo 13-2013 de la Contraloría General de Cuentas estipula que esa entidad puede realizar auditorías en entidades públicas y privadas con el fin de evitar anomalías en el manejo de los recursos públicos, los fideicomisos permanecieron intocables.

En este sentido, Rosal considera que los fideicomisos son mal utilizados y son las instancias en las que la Contraloría tiene menos incidencia, sin exceptuar la gestión de Segura, ya que no parece que haya voluntad política para realizar acciones fiscalizadoras.

El analista del Ipnusac dijo que esa figura, por ser mal utilizada, debería desaparecer porque oculta información que debe ser auditada. Sin embargo, resaltó que los fideicomisos podrían servir si se utilizan en momentos de crisis, ya que permiten una ejecución rápida de los recursos.

Nineth Montenegro coincidió con los analistas y agregó que lo correcto debería ser cerrar los fideicomisos establecidos con fondos públicos tras su liquidación y no como sucedió con el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), que después de cerrar se creó otra entidad con los mismos fines.

La congresista resaltó que existen muchos “recursos que se encuentran bajo los operadores públicos y privados que impiden que la Contraloría realice su mandato correspondiente”.

CONTRATOS ABIERTOS

La modalidad de contratos abiertos se introdujo en el país en base a países que manejan ese tipo de mecanismos recomendables para aumentar la transparencia, reducir los costos y aumentar la eficiencia gubernamental. No obstante, esa modalidad se utiliza con opacidad.

Rosal explicó que los contratos abiertos son utilizados con altos volúmenes porque se hacen grandes operaciones sin la auditoría de la Contraloría General de Cuentas y pareciera como si esa entidad estuviera como una “figura de puerta cerrada llenándose la boca con sancionar a los alcaldes que son los más desprotegidos políticamente, mientras que las actividades financieras del país se encuentran lideradas por actores con intereses ocultos”.

Por su parte, Montenegro dijo que en esta figura la Contralora lo único que hizo fue multar y olvidó denunciar a las entidades que han sido exoneradas de los requisitos de licitación y cotización para la compra de bienes y suministros por parte del Estado, el cual debería estar administrado por el ministerio de Finanzas Públicas.

El futuro de Segura está en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC), que emitirá su dictamen aclarando si en octubre la funcionaria dejará el puesto o este se ampliará por dos meses más, hasta el 7 de diciembre.