La Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) es, en teoría, el ente fiscalizador por excelencia del Estado, el cual, según expertos, está debilitado desde su raíz,

Empezando desde el proceso de postulación del candidato a Contralor –que está copado de intereses particulares e influencias políticas– hasta la falta de sistemas efectivos de control para combatir y prevenir la corrupción.

La CGCN es una entidad descentralizada que tiene la función fiscalizadora de todo interés hacendario que involucre recursos públicos; debe auditar todos los fondos estatales repartidos en las instituciones y organismos ubicados a lo largo y ancho del país.

Fue diseñada para tener una importante incidencia en la transparencia, de tal manera que pudiera tener la capacidad para actuar y enviar a cualquier funcionario corrupto a la cárcel, pero eso no se ha visto desde su fundación en 1945.

Los expertos opinan que la Contraloría podría tener mucho poder y ser la principal enemiga de la corrupción, pero los resultados de su gestión no apuntan a ese objetivo, y exponen los motivos por los cuales su trabajo deja mucho que desear.

En principio, la elección del Contralor está llena de manipulaciones y vicios desde la Comisión de Postulación que le elige, en donde las influencias políticas pesan ante cualquier calificación que tenga el postulante. Así mismo la falta de sistemas de control de las cuentas de egresos e ingresos de las entidades gubernamentales parece no favorecer el cumplimiento de los objetivos planteados.

LA RAÍZ DEL PROBLEMA

La diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala y una de las promotoras para reformar la Ley de Comisiones de Postulación, indica que el mayor problema de la Contraloría se encuentra en el proceso de elección del titular de la entidad.

El Colegio de Contadores Públicos y Auditores y los profesionales involucrados en la comisión postuladora conforman una terna de aspirantes, para que el Congreso pueda elegir quién será el nuevo Contralor, explica.

Pero la diputada considera que en las postuladoras se manipula la elección, ya que los colegios de profesionales responden a intereses particulares.

Es por esto que los grupos gastan cifras millonarias para su elección y la asociación que gana es la encargada de proponer la terna que se desee, para luego mandarla al Organismo Legislativo “y el Congreso tiene que elegir entre el menos peor”, asevera la legisladora.

Montenegro agrega que el problema no son “tanto los políticos”, sino que los colegios, pues “desde ahora ya deben tener su candidato de quién va a sustituir a la actual Contralora o si va seguir la misma”.

David Gaitán, de Acción Ciudadana, por su lado, considera que la CGCN es una institución que desde su creación se presenta muy débil para fiscalizar y asegura que la Contraloría en su historia de funcionamiento ha mostrado no ser eficiente en la detección de la corrupción en el Estado.

Esto se debe a muchos factores y uno de los principales es debido a la incidencia política que existe en la elección de la figura del CGCN y por ende, en el funcionamiento de la institución, dice el analista.

Gaitán, a diferencia de Montenegro, considera que la clase política sí incide en la elección del Contralor, ya que este funcionario es electo por el Congreso, una institución claramente política.

“Es porque los que deseen llegar a ocupar el cargo tienen que hacer alianza con los partidos políticos y con el Ejecutivo”, comenta el representante de Acción Ciudadana.

El experto en temas de corrupción asegura que por la influencia de los partidos políticos, las calificaciones que obtienen los candidatos en las postuladoras no son vinculantes al presentarse las ternas al Congreso.

Los diputados podrían elegir, de las tres opciones finales, al funcionario que más se adapte a sus necesidades, y no necesariamente el más probo o el que haya obtenido mejores resultados en el proceso de postulación. “Entonces ¿qué sentido tiene hacer una ponderación de los candidatos?”, se cuestiona Gaitán.

El analista indica que en este caso, los colegios de profesionales no cumplen con la función de ser órganos de control para llevar a los mejores profesionales a ocupar altos cargos públicos, sino que han servido para beneficiarse del débil proceso de elección, en el cual se pone en práctica el tráfico de influencias.

EL COLEGIO

Juan Carlos Paredes, presidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, resalta la elección como una debilidad de la CGCN, porque a su criterio en los procesos no se avala a los candidatos más idóneos o transparentes, ya que se ha seleccionado a las personas que no han tenido las mejores ponderaciones en las postuladoras, asegura.

Otro problema que expone Paredes es la dependencia que se crea cuando el Contralor es electo por el Organismo Legislativo; es de esta forma como intervienen los diputados para elegir qué funcionario quieren que les fiscalice y eso ya da un margen de debilitamiento a la Contraloría, ya que le impide hacer una fiscalización profunda de las cuentas del Estado conforme a la ley.

El Presidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores indica que las complicaciones de la CGCN tienen su origen también en el grupo que más ha tenido tendencia de dominar la Contraloría y que teniendo una ventaja muy concreta por estar en el poder, ya llevan un dominio en la Comisión de Postulación.

El colegiado asegura que dichos candidatos ya han sido consensuados con varias entidades del sector público. “No es el Colegio, sino las Comisiones de Postulación, porque el Colegio es una entidad que sirve de medio para hacer este proceso”.

CORRUPCIÓN EN AUDITORÍAS

De acuerdo a Montenegro, la CGCN está mal influenciada en las diferentes instituciones del Estado, por medio de sus auditores internos, tal es el caso de las municipalidades, donde miembros de la Contraloría son presionados.

“Hay muchas influencias de las auditorías, están muy politizadas las formas de controlar las cuentas del Estado”, asevera la congresista. “Jamás en la historia del país se ha hecho una auditoría general del Estado, sino que se hace un muestreo”, expresa.

Mayra Palencia, del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP) de la Universidad Rafael Landívar (URL), no descarta que dentro de las auditorías internas que la Contraloría hace a las instituciones del Estado, puedan prestarse a actos de corrupción.

Según Palencia, la CGCN está débil y todavía no cuenta con los suficientes “dientes” para combatir las irregularidades que se detectan en el uso de los recursos públicos; esto, además que la Contraloría tiene insuficientes contralores especializados, con lo cual no puede auditar al Estado que cada vez es menos ejecutor y es más contratista.

De acuerdo con la experta del INGEP otro aspecto importante de resaltar es que la Ley de Servicio Civil no está actualizada, lo cual permite que la Contraloría tenga un sistema de probidad que no está al día, para que pueda cruzar datos de los empleados públicos.

El objetivo y lo ideal es detectar los bienes y recursos con los que iniciaron los trabajadores y funcionarios públicos en su gestión y cómo se retiran, así como si se tienen familiares que trabajan para el Estado o si son contratistas, explica.

A esto también se le suma la auditoría financiera, ya que los sistemas que tiene la CGCN no están desarrollados a manera que estén debidamente vinculados como el Sistema de Administración Financiera (SIAF), Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y Guatecompras . “Todo esto debería de cuadrar, pero no; así no se puede hacer un control gubernamental”, indica. “La Contraloría siempre llega cuando los corruptos ya se fueron”, asevera.

Palencia concluye que la Contraloría debería tener una auditoría selectiva, concentrando su atención en los grandes negocios, y no en los pequeños. La fiscalización debería de concentrarse en casos de alto impacto, que son los que más afectan al país, no las minucias de las compritas, señaló.

De acuerdo a Gaitán, el trabajo de la CGCN no ha sido eficiente al combate contra la corrupción, generalmente el trabajo de la Contraloría se concentra en indicar las malas acciones, cuando ya se hicieron. “La Contraloría llega sólo a recoger los cadáveres, cuando ya hubo corrupción”, explicó.

El analista de Acción Ciudadana también señala que la CGCN no tiene suficiente presupuesto; es sumamente bajo, tienen pocos auditores para las municipalidades y no se dan abasto para todas las comunas.

CGCN SIN FISCALIZACIÓN

De acuerdo con el Presidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, la Contraloría no tiene a nadie que la fiscalice, lo cual sí debería de hacerse por las situaciones que se crean alrededor de las auditorías.

Se debería nombrar una auditoría independiente o especial para que fiscalice a la CGCN, a través de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría del ente fiscalizador, detalla.

Paredes agrega que si bien hay que multar a los funcionarios, la CGCN tiene mucha arbitrariedad en esas sanciones, ya que por una falta menor, la Contraloría los puede multar hasta por Q100 mil, en ese caso el funcionario está atado a la CGCN, lo cual da la pauta para negociar.

“Yo he sabido y visto funcionarios que los sancionan hasta por Q2 millones y que luego los exoneran hasta del 95 por ciento de la multa”, indica.

“Esos fondos son privativos, que son utilizados de forma discrecional por la Contraloría que luego tienen repercusión en la elección”, dijo el colegiado.

Según Paredes, a pesar que la CGCN rinde muchos informes por corrupción, ésta persiste y es debido a que las sanciones son inoperantes,  en general la Contraloría ha sido débil para atacar a la corrupción, porque ésta cada año va en aumento. No se puede medir la corrupción, pero todos saben que los negocios en el Estado se manejan con cobros de comisiones, lo que pasa con esto es que la Controlaría no lo puede controlar, concluye.