La directora de Auditoría Departamental de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), Elizabeth Pacajá, indicó que para llevar a cabo una auditoría forense de la deuda flotante se necesitan alrededor de 300 auditores, que tendrían que revisar los 2,000 proyectos que comprende dicho endeudamiento.

La representante de la CGC indicó que actualmente no cuentan con suficiente personal para revisar las obras que causaron dicho endeudamiento sin respaldo presupuestario.

Pacajá explicó que se necesitaría dicho número de auditores, ya que la auditoría a los proyectos de deuda flotante no se tenía prevista realizar este año y la cantidad también responde a la complejidad y amplitud de las obras realizadas.

Durante la reunión en el Congreso, la directora de Auditoría Departamental reiteró la denuncia al Ministerio Público (MP) por la adquisición de deuda sin respaldo legal por Q11 mil millones.

Estos proyectos, según Pacajá, no tenía respaldo financiero, ni estaban autorizados en el presupuesto y que tampoco contaban con autorización de la Contraloría.

De acuerdo a esto, el diputado Luis Pedro Alvarez de Encuentro por Guatemala, solicitó a Pacajá que revisara la auditoría privada que realizó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), para verificar si los Q3,500 millones en proyectos de deuda flotante que reporta dicho ministerio se encuentran dentro de los Q11 mil millones que la CGC denunció ante el MP.

DESTIMAN UNA DENUNCIA

La asesora jurídica de la CGC, Brenda Chacón dijo que el MP desestimó una denuncia de la Contraloría, con el argumento de que no se puede investigar e individualizar a totalidad quienes son los implicados en el endeudamiento ilegal, y la Contraloría es quien debe especificar quienes son los responsables.

Según Chacón la CGC se opuso a la desestimación porque en la denuncia se señala que el endeudamiento fue adquirido entre los años 2001 -2011 y que este dato debería ser suficiente para que el MP ubique a los funcionarios que estuvieron a cargo del Micivi en esa época, explicó.

Chacón comentó que el juez, al  cerrar el caso, dijo que la desestimación de la denuncia no impide que la CGC pueda abrir de nuevo proceso con nuevos detalles de la denuncia y que tampoco  exima al MP de su deber de investigar.

No obstante, el Ministerio Público ya está investigando la deuda flotante, según lo confirmo Javier Monterroso, asesor de la Fiscal General.