No puede calificarse sino como inaudito que la Contraloría General de Cuentas de la Nación haya dejado de cobrar las multas impuestas a los funcionarios del Seguro Social simplemente porque éstos se negaron a recibir las notificaciones del caso, lo que evitó que se les pudiera sancionar. Ya se sabe, entonces, que basta con mandar a la punta de un cuerno a los contralores cuando llegan a notificar para que cualquier sanción o multa quede sin efecto. Vergüenza les debería de dar ese tipo de situaciones, pero aquí en Guatemala así son las cosas siempre y al que está en el poder, como estaba Reyes Mayén hasta hace poco, todo se le aguanta y todo se le perdona, porque las leyes sólo funcionan para los que no gozan de ningún tipo de privilegio.

La Contraloría de Cuentas junto al Ministerio Público de Guatemala son los principales aliados de la corrupción y la impunidad que es característica de todos los trinquetes que se hacen en el país. Ambas instituciones están llamadas a realizar la fiscalización y promover el castigo de los sinvergüenzas que pululan en el sector público y en el sector privado que hace negocios con el Estado, pero unos y otros pueden vivir absolutamente tranquilos porque no hay ninguna investigación, ningún interés por detener el latrocinio que es permanente en el país.
 
 Qué podemos esperar si con el mayor descaro la misma Contralora comunica que no se pueden aplicar sanciones porque los pícaros se niegan a ser notificados y que basta eso para detener los procesos en su contra. Y que conste que se trata de simples multas administrativas que no implican que esos largos puedan ser procesados penalmente y enviados a la cárcel como merecerían, pero si ni siquiera una sanción leve se les puede aplicar, como para que no haya los niveles de corrupción actuales que han llegado a ser de los más escandalosos de la historia del país.
 
 En Guatemala hemos tenido épocas en las que pensamos que el descalabro es absoluto. Pasó con Ydígoras Fuentes, derrocado bajo el pretexto de una operación Honestidad, y luego con todos los gobiernos que siguieron y que han sido una seguidilla de negocios cada vez más sofisticados para lucrar con la venta y enajenación de los bienes públicos, léase la telefónica, empresa eléctrica, correos, ferrocarriles, puertos, subsuelo y un interminable etcétera. Eso sin contar con los negocios de compra de productos sobrevaluados y la contratación de obra de mala calidad, pero cobrada como si fuera la octava maravilla del mundo.
 
 Cómo no va a ser así, decimos, si no hay Contraloría ni Fiscalía que actúen y dejen de hacerse de la vista gorda.

Minutero:
Lo que hacen a cabalidad 
es asegurar la impunidad, 
no solo es la Contraloría 
sino también la Fiscalía