La directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), Leyla Lemus, dijo que en un principio el ente fiscalizador dio opinión desfavorable para que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) efectúe una contratación de Q71.1 millones por excepción

Ya que las razones planteadas para ese efecto no son consideradas como “urgentes” para resolver situaciones de interés nacional o beneficio social.

En una citación de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), Lemus explicó la institución fiscalizadora respondió que era inviable que la EPQ suscribiera un contrato millonario por excepción cuando el Ejecutivo solicitó la opinión de la institución.

Según la representante de la Contraloría, la negativa se debe a que la Portuaria, como entidad autónoma, tiene que cumplir el proceso de licitación; argumentó que el artículo 44 inciso 1.3 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado no aplica para la Portuaria y además considera las razones de la contratación por excepción que se plantearon no obedecen a una urgencia nacional o de beneficio social.

El pasado 20 de diciembre, el Ejecutivo emitió un acuerdo que permite a la EPQ realizar una contratación por excepción de hasta Q71.1 millones, con miras a realizar obras que eviten el colapso del Canal de Chiquimulilla.

EJECUTIVO RESPONSABLE

Lemus indicó que el Ejecutivo emitió el acuerdo o amparado en el artículo 44 inciso 1.1 de la Ley de Compras, pero considera que solo aplica para hacer compras o contrataciones para salvaguardar fronteras, puentes o recursos naturales; en ese caso ya no emitió opinión la CGCN y dejó toda responsabilidad al Presidente del Ejecutivo y consejo de Ministros.

De acuerdo al Acuerdo Gubernativo 533-2013 la compra se hará por excepción para evitar la forma acelerada de erosión de la duna de arena que forma la playa esté cerrando el acceso al Canal de Chiquimulilla a través del mar y que se incremente el nivel del agua marítima que puede llevar al colapso dicho canal, lo cual puede causar desastres ecológicos irreparables.

De acuerdo a Lemus de esta misma forma el Ejecutivo justificó a un inicio la contratación de servicios por excepción y que ellos consideraron que podía hacer un concurso de licitación. 

SE AUDITARÁ DESPUÉS

El subcontralor, Sergio Reyes indicó que la Contraloría determinará en la auditoría anual si es legal o ilegal el documento que permite la EPQ  realice la contratación de servicios por excepción para evitar el colapso del Canal de Chiquimulilla y que será hasta ese momento en que puedan darse denuncias penales o administrativas.

Según Reyes lo que determinará que haya denuncias penales o administrativas es que con documentos la EPQ no demuestre que la contratación por excepción se justifica como “urgencia” o de beneficio social.