Las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) fueron recientemente aprobadas por el Congreso en el paquete de leyes de transparencia.

Los cambios le asignan más obligaciones y responsabilidades a la Contraloría con el objetivo que dicho ente presente mejores resultados de fiscalización, la cual hasta el momento es calificada como deficiente, pero su efectividad depende de voluntad y compromiso.

La Contraloría es una entidad descentralizada que tiene la función fiscalizadora de todo interés hacendario que involucre recursos públicos y que fue diseñada para tener una importante incidencia en la transparencia gubernamental, de tal manera que pudiera descubrir, sancionar y denunciar ante el Ministerio Público cualquier acto de corrupción cometido en las entidades del Estado.

Esto con el fin de otorgarle un castigo penal a quien haga un mal uso de fondos públicos, aunque hasta el momento se han visto pocos resultados efectivos desde su fundación, en 1945.

Se señala que a lo interno de dicha entidad existen muchos intereses políticos y económicos, que de cierta forma riñen con la función de la Contraloría y su ejercicio fiscalizador del gasto público.

Con la esperanza de que las cosas mejoren se plantearon las últimas reformas a su estructura orgánica, que automáticamente hacen efectiva una reingeniería de sus funciones, que en teoría serán mucho más amplias e integrales, pero que en la práctica requieren valor e independencia.

LAS DIFICULTADES DE LOS ACUERDOS

Tomó 18 meses concretar las reformas a la Ley Orgánica de la CGCN, ya que durante ese tiempo el proyecto de modificaciones pasó por épocas de total abandono, en el cual no se discutía ni un solo artículo de la iniciativa, y luego tuvo varias etapas de discusión.

Durante la primera etapa de discusión del paquete de leyes de transparencia que contenía las reformas a la Ley de la Contraloría se pudo observar el rechazo que muchos congresistas y miembros del actual gobierno tenían sobre las nuevas normativas propuestas, al punto que éstas fueron excluidas de la agenda parlamentaria cuando se discutía su aprobación.

En la última ocasión el panorama fue distinto, pues los diputados presidentes de las comisiones de Legislación y Probidad mostraron voluntad política para impulsar la aprobación de la normativa, aunque esto no fue reflejado en el dictamen que las salas emitieron.

En los primeros dictámenes emitidos por dichas comisiones se percibían diferentes propuestas, las cuales reñían entre sí y no permitían que se dieran los acuerdos técnicos. Además, por la propuesta de implementación de más controles al  Contralor, la actual Contralora Nora Segura tuvo que asistir a esas salas para manifestar su rechazo a la propuesta.

Al final, el presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Juan José Porras representante del Partido Patriota y el presidente de la comisión de Probidad, el diputado de Winaq, Amílcar Pop  se unieron para dar origen a una nueva iniciativa que fue aceptada y consensuada por los sectores involucrados, pese a que se considera que los cambios no generan una enorme reforma en el ámbito de fiscalización, sí creen que son modificaciones positivas para la transparencia gubernamental.

NUEVOS  CONTROLES

Con las reformas la Ley que rige la CGCN, esta entidad fiscalizadora tendrá mayor ámbito de competencia y herramientas para fiscalizar, asimismo será fiscalizada por el Organismo Legislativo, el otro ente autorizado en la Constitución para realizar esta función.

La nueva legislación orgánica de la Contraloría deja claro y libre de ambigüedades el ámbito de competencia de fiscalización de la Contraloría, por lo que establece que las organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismo regionales e internacionales, fideicomisos y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones recibidas y ejecutada por instituciones públicas.

También la CGCN podrá promover de oficio y ser parte actora de los juicios de cuentas en contra de los funcionarios y empleados públicos o representantes legales de una ONG, fideicomiso o contratista; por otro lado, los informes de auditoría ya podrán ser considerados como prueba en una investigación del Ministerio Público en denuncias interpuestas por la Contraloría.

De acuerdo a esto, Segura dijo que ve positivas las reformas, ya que la Contraloría era excluida de los procesos judiciales y que muchas veces los fiscales del Ministerio Público rechazaban los informes de auditoría, por lo cual pedía a los auditores hacer de nuevo la revisión de cuentas.

También la titular vio positivo que en adelante sean digitalizados todos los documentos y expedientes del manejo de fondos del Estado, ya que en muchas entidades suelen incendiarse las oficinas al finalizar los periodos de gobierno, como es el caso de las municipalidades.

La nueva norma también permitirá a la Contraloría General de Cuentas revisar las obras públicas y de infraestructura en cualquier momento de su etapa, pues antes sólo podía revisarlas cuando éstas eran finalizadas.

Asimismo, el nuevo reglamento indica que la Contraloría tendrá que requerir solvencia a cualquier personal que establezca un contrato o convenio con el Estado para que administre o Ejecute con fondos públicos; éste nuevo requisito será emitido por la misma CGC, con el fin de que las empresas que hayan incumplido con los contratos o realizado obras de mala calidad con el Estado no puedan volver a suscribir negocios con entidades públicas.

La reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas también establece un aumento de 0.3 por ciento al presupuesto de la institución, lo cual Segura ve positivo, pero que todo va a depender si el Ministerio de Finanzas hace los desembolsos en su totalidad.

MECANISMOS POSITIVOS

De acuerdo al diputado Pop, los cambios son significativos para garantizar la transparencia y calidad en la fiscalización los fondos públicos, pues considera que la Contraloría cuenta con más herramientas y ahora debe responder a sus nuevas obligaciones

Pop aseguró que no hay ningún argumento técnico que indique que haya atrasos con la nueva normativa y considera que todos los comentarios se orientan hacia un avance, aunque reconoció no se realizaron todas las reformas que se deseaban y agregó que la aplicación de estas leyes es un reto para el país y para la institucionalidad de Estado.

El diputado Porras, por su lado, dijo que estos cambios serán efectivos si el titular de la CGCN tiene la voluntad de aplicar el nuevo reglamento. “Si hay voluntad de fiscalizar no va a encontrar ninguna dificultad”, pues ahora tiene en su ley orgánica herramientas que le hacían falta.

Porras agregó que con los nuevos controles que se le dieron a la Contraloría este ente debería tener mejores y mayores resultados.

El legislador del Partido Patriota destacó que se debe apuntar a una mejor fiscalización de los fideicomisos y considera que es un tema que debe tener mejores resultados ahora, pues ya no hay excusas.

Por su parte la Contralora dijo que ve positivo mucho de los cambios, que le da más herramientas para tener mejor efectividad en la fiscalización, pero que todo dependerá el grado de respeto que funcionarios y servidores públicos le den a la Ley, pues es una normativa que sirve para controlarlos en sus funciones administrativas en el manejo de los fondos públicos.

“AMBIGÜEDAD” Y “BUROCRACIA”

La Contralora Segura indicó que podría haber inconvenientes el artículo que establece las sanciones a la resistencia a la fiscalización, pues éste establece multas entre Q40 mil y Q60 mil si un funcionario o servidor público se niega a la fiscalización.

Antes sólo se interponía la denuncia y ahora, con la nueva legislación, a criterio de la funcionaria, se podrían complicar los procesos judiciales. Pese a esta “ambigüedad”, Segura dice que ve positivo que ahora con el auxilio de un juez pueda tener acceso de forma inmediata a los documentos.

En cuanto a esto, el diputado Pop indicó que ve como avance esta nueva normativa, pues no se establecía que un juez autorizará el “secuestro” de los documentos a fiscalizar y que en ningún momento se le está prohibiendo a la Contraloría que no emita una denuncia, ya que negarse a la fiscalización cabe en el delito de incumplimiento de deberes.

El Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales  explicó que la ley no restringen las acciones legales que se deriven de una resistencia a la fiscalización. 

El Presidente de la comisión de Probidad dijo que esos cambios se hicieron debido a que “ningún funcionario del país ha sido sancionado por resistirse a la fiscalización, por la CGC siempre encontró justificaciones para no presentar las denuncias o presentarlas débiles”. 

La Contraloría también destacó que la nueva metodología de sanciones tenga que hacerse por porcentajes dependiendo del salario, pues esto dará más burocracia al proceso de sanción, aunque cree que será más justa pues se ajustará al sueldo de la persona que cometió la infracción.