Pese a denuncia que mostraba la mala construcción del edificio de la Gobernación Departamental en San Marcos, el MP la desestimó. Contralora pide reabrir el caso.
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La Contraloría General de Cuentas denunció en el Ministerio Público las deficiencias técnicas de construcción del edificio de Gobernación Departamental en San Marcos, el cual quedó destruido por el terremoto registrado el 7 de noviembre.
La acción fue presentada en el 2010 contra el Alcalde municipal y la corporación, el Gobernador y los representantes de la Organización no Gubernamental encargados de la construcción, pero la acción penal no avanzó y quedó desestimada.
Dos años después, la Contralora Nora Segura señala que el caso debe reabrirse, ya que el terremoto confirmó la advertencia dada por la entidad. “Nosotros vamos a sugerir que el Ministerio lo reabra y nosotros poder colaborar. El caso lo desestimaron porque hubo un dictamen de cierto ingeniero pagado por la empresa donde dijo que el edificio estaba en buenas condiciones y que soportaba un terremoto” resaltó la funcionaria durante una citación a la bancada de Encuentro Por Guatemala.
Datos de la agrupación señalan que la construcción de la primera fase del edificio en el 2008 estuvo a cargo de la constructora Diseño Integral, propiedad de Andrés Gilberto Juárez, a quien según el Portal Guatecompras se le han adjudicado 11 obras del 2007 al 2011 por un monto de Q5.4 millones.
La segunda fase estuvo en manos de la Constructora A.B Ingeniería y Constructora, propiedad de Antonio Agustín Bautista Joachín, quien fue candidato a alcalde por San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Según el portal, se le han adjudicado 184 obras del 2004 al 2012 por un monto de Q112.2 millones.
“Alguien que tiene interés en participar políticamente no puede ser juez y parte, no puede estar construyendo, esto no nos parece justo, ya que es el pueblo el que paga los platos rotos; la supervisora también debería de ser sancionada por no haber supervisado” señaló la diputada Nineth Montenegro.
Para la congresista esta situación viene a evidenciar el uso de las ONG en la construcción de obras. “Queremos solicitar que se verifique qué entidades, tanto centralizadas como autónomas y descentralizadas están violando el artículo 29 del decreto 33-2001, ley del presupuesto para el ejercicio 2012, donde se elimina la figura de convenios para la ejecución y/o administración presupuestaria de programas y proyectos que constituyan formación de capital por medio de ONG y asociaciones” resaltó.
La Contralora aprovechó para solicitar la aprobación de las reformas a la Ley de la Contraloría, iniciativa que forma parte del paquete de leyes de transparencia, la cual cuenta con dictamen favorable desde hace varios meses.
“Pedimos que las reformas sean aprobadas de manera que las ONG se certifiquen constantemente” resaltó la funcionaria. En cuanto a la deuda flotante que se mantiene con las constructoras, Segura señaló que están dispuestos a verificar las obras, toda vez se lo pidan y le asignen el personal necesario.