La Ley de Contrataciones del Estado es clara en establecer que los familiares de los funcionarios no pueden ser contratistas del Estado, pero varias unidades de compras de instituciones del Gobierno adjudican contratos a familiares de los diputados y otros mandos de gobiernos

Según la contralora general de la Nación, Nora Segura, los “funcionarios corruptos” ponen como representante legal de sus empresas a personas con las cuales no tienen ningún vínculo legal y de esa manera pueden ofertar y ser contratados con el Estado. A esto le llama “corrupción que no deja huella”, dijo Segura.

 Por otra parte, la Contralora explica que  estas empresas  también hacen una declaración jurada donde consta no tener vínculos con los funcionarios y que por esto las unidades de compras les adjudican un contrato, ya que estas entidades no tienen la capacidad de investigar quiénes son los dueños de la empresa en contrato.

El pasado sábado La Hora publicó donde la Unidad de Compras del Congreso canceló una adjudicación a la empresa “La increíble ABM” propiedad del padre del diputado Christian Boussinot, el motivo de la cancelación fue por el vínculo existente entre el congresista y el empresario, pero a pesar de esto, otras unidades de compras les adjudicaron otros contratos.

Según Marvin Flores, coordinador de proyectos  de Acción Ciudadana, esto se da porque no existe una entidad rectora en materia de compras y contrataciones del Estado y que no existe un registro, “una lista negra”, donde se pueda documentar cuáles son las empresas vinculadas con funcionarios públicos, lo que hace que a nivel de unidades de compras no se tenga control de esto.

Flores atribuye que estos tipos de controles no fueran muy necesarios, si esto no fuera una estrategia cotidiana que utilizan para beneficiarse a través de sus negocios.
Flores agrega que en este tipo de corrupción ya se de en “altos niveles” donde quizá no se involucre a las unidades de compras del Estado, es algo llamado “concusión” donde las empresas se ponen de acuerdo antes de ofertar, para acordar un precio, en las cuales se beneficie al funcionario, lo cual, además, de violentar la ley de contrataciones del Estado, caen en el delito de tráfico de influencias, explicó.

Otro caso donde familiares de diputados son contratistas del Estado, es el de Juan de Dios Orozco Arriola, hermano del diputado del Partido Patriota (PP) Marco Antonio Orozco Arriola. Donde la empresa del pariente del congresista le han adjudicado Q23 millones 733 mil 310 quetzales.