El Contralor General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, en una entrevista concedida a La Hora Política, reconoce las limitaciones que el ente contralor tiene en su labor de fiscalizar los fondos públicos que el Estado traslada a organismos internacionales, Organizaciones no Gubernamentales o bien para constituir fideicomisos en detrimento no solo de su función ejecutora, sino de la transparencia en el manejo del gasto público. «Yo he hecho un llamado a las distintas instituciones públicas para que dejen de utilizar intermediadores financieros, porque no garantizan a la población guatemalteca, que la CGC pueda ejercer un adecuado papel en el tema de la fiscalización», señala el contralor.
¿Ha habido algún acercamiento con el presidente electo, ílvaro Colom, precisamente para revertir la utilización de los intermediadores financieros?
No hemos tenido ninguna conversación hasta el día de hoy, sin embargo, yo esperaría tener un acercamiento con el presidente electo, el ingeniero ílvaro Colom para poderle presentar mi punto de vista de cómo veo yo el mapa de riesgo para realizar un diseño estructural que nos permita a ambos hacer el mejor uso de los recursos públicos. Creo por sus declaraciones vertidas, que tiene dentro de su política de gobierno, hacer esfuerzos extraordinarios en ese sentido, qué bueno, porque sumando esfuerzos es como vamos mejorando a este país.
¿Mientras tanto, qué hace el ente contralor?
Vamos hacer un esfuerzo para internarnos en el tema de intermediación financiera, donaciones internacionales, ONGs, fideicomisos, que creemos nosotros, la CGC no ha profundizado en la investigación sobre el manejo de fondos. No estoy adelantando ningún criterio en el sentido que haya malos manejos, pero sí estoy diciendo que es una deuda que la CGC tiene con los guatemaltecos y hacia ahí estamos apuntando para que la auditoría del 2007 sea más profunda.
Pero más que eso queremos prevenirlos para que retomen el papel como instituciones públicas. Yo lo que estoy viendo con este tipo de procedimientos es que se está debilitando el Estado, se está debilitando las instituciones y no están ejerciendo el papel que les corresponde tomar para responderle a la sociedad guatemalteca y trasladar el mensaje de transparencia.
Más de un tercio de los fondos públicos los manejan intermediadores financieros
Se ha proliferado el uso de intermediadores financieros de una manera impresionante. Yo diría que tenemos que ver cómo se previene la traslación de esos recursos en tanto no tengamos la certeza que los procedimientos son lo suficientemente transparentes.
En cuanto a eso no ocurra tenemos que ser lo suficientemente creativos para encontrar dónde están los cuellos de botella o los problemas que pudieran poner en riesgo el uso de los recursos. Estamos preparando gente para los temas de los fideicomisos, ONGS y organismos internacionales. Tenemos la esperanza que en el corto plazo tengamos resultados más objetivos.
Cuesta arriba fiscalizar a estas instituciones
Sobre la fiscalización a esos intermediadores financieros es que no son instituciones públicas. Si a una institución publica no me dejan entrar, yo me auxilio con el Ministerio Público o quien sea y entro. Pero en un organismo internacional no puedo hacer eso.
Yo acabo de solicitar a Aeronáutica Civil que por favor me indique qué personal tiene contratado OACI para ver el tema del aeropuerto, y me mandan una nota en la cual me indican que en virtud de ser un organismo internacional, con un convenio ratificado por Guatemala, no me pueden dar información, porque no tienen acceso. Si ellos que son quienes trasladan los recursos no tienen acceso a la información, ¡imagínese usted!
¿A cuánto ascienden los recursos del Estado que manejaron, por ejemplo, los intermediadores financieros en el ejercicio fiscal anterior y que la CGC dejó de fiscalizar?
No es que la CGC haya dejado de fiscalizar. Lo hemos fiscalizado, un poquito tardío, porque esperamos que los intermediadores rindan cuentas a la institución que le trasladó los recursos y posteriormente entramos nosotros. No es lo mismo que yo vaya a la institución, me pongan a la vista cuáles son sus procedimientos para contratar y adjudicar.
¿Cuáles son los alcances de la propuesta de reformar a la ley de la CGC?
Presentamos al Congreso un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la CGC que tiene como objeto que las ONGs, por ejemplo, deben ser previamente calificadas por la CGC de acuerdo a su capacidad instalada, conocimiento y experiencia para manejar recursos. Asimismo, que las diferentes instituciones públicas en un período no mayor de ocho días nos puedan enviar los documentos y también antes de que desembolsen cuenten con un dictamen de la CGC.
En su opinión ¿se justifica gastar a través de un intermediador financiero?
Un intermediador financiero es valido únicamente para atender un asunto de emergencia, porque de repente los procedimientos podrían ser engorrosos y trascender el período de la atención a esa emergencia.
Sobre la racionalidad del gasto público, ¿cuál es su opinión?
Eso es lo que nosotros ahora estamos apostando. El enfoque que pretendemos darle a esta auditoría es que sea de resultados, de impacto. Es decir, que el gasto tenga incidencia en la mejoría de la calidad de vida de los guatemaltecos.
No se trata únicamente de rendir cuentas en materia presupuestaria, se trata de cómo se ha revertido el déficit en materia de educación y salud pública que la población guatemalteca demanda. Los guatemaltecos no requieren de grandes cosas, lo que demandan es esfuerzo de las instituciones para que los recursos sean ejecutados de manera transparente y focalizados a la solución de los problemas sociales.
En otros temas, ¿cuál es la suerte del remanente presupuestario del Tribunal Supremo Electoral y el tema de los finiquitos?
El remanente de los fondos que le fueron situados al TSE deben ser trasladados inmediatamente al fondo común, no es opcional, tienen la obligación de reintegrarlos.
En cuanto a los finiquitos que no han llegado a recoger, el contralor, dijo que como buenos chapines todo lo dejamos a ultima hora, no sé si sea por desconocimiento o porque las autoridades electas, principalmente para integrar los consejos no lo consideran necesario porque no han manejado fondos públicos. Aunque ese sea el caso es importante contar con el finiquito, porque de lo contrario, no tiene cómo demostrar que efectivamente no ha manejado fondos públicos.
La indemnización de los diputados, ¿cuál es su opinión?
No le corresponde entonces a la CGC juzgar la legalidad de esta disposición del Congreso. Nosotros no somos el Centro para la Defensa de la Constitución ni la Corte de Constitucionalidad. Nosotros somos una entidad fiscalizadora que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para garantizar la transparencia y la calidad del gasto público.
En base a lo establecido en el artículo 232 de la Constitución Política, la CGC desarrolla una función después de que se ejecuta el presupuesto, sin embargo, en algunos temas se pueden socializar los criterios y tener algún tipo de comunicación con algunas instituciones.