Cincuenta números de cédulas de vecindad repetidos y apenas un corto ejercicio con 22 mil casos, que equivalen a 5% de la verificación de 500 mil expedientes de beneficiados de «Mi familia progresa», ha podido trabajar la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Asimismo, entre los 60 auditores comisionados hallaron un número de homónimos -apellidos y nombres repetidos pero de diferente persona.
Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, comentó: «50 cédulas repetidas ya no suena a homónimo» y pidió al contralor Carlos Mencos que ese caso debe ser investigado por los auditores de la CGC.
EL jefe de la Contraloría explicó: «son 50 números de cédulas repetidas y diferentes personas, entre diferentes municipios, pero debe ser un problema de Registro Civil, porque los expedientes son de personas diferentes».
Siguiendo con su informe, Mencos dijo que en 670 casos se negaron a entregar información, mil cien casos no pusieron a la vista las cartillas de salud justificando que las dejan en los centros de salud para no perderlas.
Otros 606 casos no se localizaron porque son personas o familias que se encuentran trabajando en actividades de agricultura en México.
Otros 172 casos volverán a ser buscados por la Contraloría, porque no se les localizó y fueron otros pobladores quienes dijeron que quizá son personas que podrían estar viviendo en ranchos en lo alto de las montañas, fue explicando Mencos.
Otras 317 personas dijeron que no contaban con las boleta de pago; para ello, la CGC está solicitando al banco que se entregue ese comprobante, dijo.
La primera información que se ha buscado fue en ocho departamentos en 116 comunidades, pero el Contralor reconoció que tendrán que ser creativos para buscar otro método de verificación en los próximos días.
Sin embargo, ahora están a la espera de la resolución definitiva del amparo, dijo Mencos, quien recordó a la diputada que tendrán que esperar los tres días que manda la ley para conocer en definitiva la resolución de las autoridades y entonces sí el Ejecutivo debe entregar esa información completa a la Contraloría.
La diputada Montenegro insistió que si la resolución es desfavorable, para la entrega o localización de la información se deberá echar mano de lo legal, invocar la Ley de Libre Acceso a la Información y el delito de retención de información.
Mientras tanto la CGC espera la notificación de las autoridades jurisdiccionales para continuar con la fiscalización que ha solicitado la diputada Nineth Montenegro.