? En los artículos anteriores han sido tratados las contradicciones y vaivenes del sistema siguientes: 1, Tema de los trabajadores que emigran; 2, Iniciativa de Ley del Fondo de Petróleo; 3, Supuesta política de Descentralización; 4, Gratuidad de los Servicios Públicos de Educación y Salud; 5, XX Congreso Jurídico, organizado por el Colegio de Abogados y Notarios; 6, Solicitud del Presidente ílvaro Colom al Congreso de la República para que el Presupuesto del Estado, para 2009 esté financiado , por lo menos, con Q49 mil millones de quetzales; 7, Negativa a pagar el Impuesto sobre Matrícula Vehicular; 8, Ascensos en el Ejército; 9, Desigualdad de Salarios.
En el presente artículo, último de la serie, se comentarán las siguientes contradicciones y vaivenes sarcásticos del sistema:
DIEZ
Los consejos de desarrollo
La Constitución Política de la República, desde 1985, creó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural para la organización y coordinación de la administración pública teniendo a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. (Artículo 225),
En su artículo 226 normó el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, en el Artículo 228. el Consejo Departamental integrado por los alcaldes de los municipios y representantes de los sectores público y privado organizados, presidido por el Gobernador. Dicho Consejo Departamental, por disposición del artículo 229 constitucional, debe recibir el apoyo financiero necesario para su funcionamiento del Gobierno Central.
Los Consejos de Desarrollo a nivel municipal están regulados por el Decreto 12-2002, Código Municipal, artículo 9 y a nivel comunitario en el artículo 20 y también por el Apartado B. Comunidades y autoridades indígenas locales del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los pueblos indígenas.
La estructura del sistema de los Consejos de Desarrollo se basa en el principio de política administrativa contemplado en la literal b) del artículo 119 de la Constitución de la República, que establece como obligación del Estado «Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país».
Respecto a la naturaleza del Sistema de Consejos de Desarrollo, el artículo 1 de la Ley, preceptúa:
«Es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingí¼e.
No obstante las indudables bondades tanto de los objetivos político sociales de la regulación constitucional y legal del Sistema de los Consejos de Desarrollo, a la fecha ninguno de los gobiernos habidos en el país, desde 1985, ha sido capaz de darle cumplimiento a las disposiciones de la Ley Fundamental, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y al Acuerdo de Paz de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Prueba de ello es el resultado del estudio elaborado a fines del año pasado por la Fundación de Municipios Centroamericanos, en relación a la atención financiera que los Estados del Istmo han dado a sus municipios la cual es ínfima (en promedio es de 43 US, más o menos de Q340 para invertir por habitante), porque «en ninguno de los países existe una política de Estado que asegure la suficiencia financiera local según las competencias y potestades que les han sido otorgadas a las municipalidades».
ONCE
Campaña gubernamental contra el tabaquismo
No puede objetarse la buena intención del Ministerio de Salud Pública y del Organismo Ejecutivo de combatir el consumo del tabaco, vicio tan dañino como que es causante de graves padecimientos como el cáncer, el enfisema y el enfisema pulmonar. Sin embargo, es casi seguro que esa cruzada no va a tener éxito porque el Congreso de la República, como órgano legislativo y fiscalizador del Estado, en vez de enmendarle la plana al Ejecutivo frecuentemente le aventaja en desaciertos, torpezas, triquiñuelas y hasta tropelías.
En el caso de la incipiente política contra el tabaquismo, en el Congreso de la República uno de los diputados que más interés ha puesto en esa campaña es alguien, quien en vez de dignatario es más bien un oportunista que aprovecha cuanta oportunidad se le presenta para actuar, al instante, como descarga eléctrica de las nubes, para sacar ventaja personal del asunto en el que se ocupa, eso sí, siendo tan hábil que logra convencer a la mayoría de congresistas para que apoyen sus planteamientos. Esta vez se ha jactado de contar con asesores expertos a su servicio, que todos son, nada menos abogados de las empresas tabacaleras del país.
DOCE
Lujosos centros comerciales en lugares donde atormenta la pobreza
Es doloroso el contraste, por ejemplo, de la condición de pobreza y extrema pobreza que atormenta a la gran mayoría de la población del departamento de Huehuetenango con el insultante lujo de la reciente instalación por parte de los empresarios de la cabecera departamental y autoridades públicas y de los representantes del Centro Comercial La Pradera, que atenderá las caprichosas aficiones consumistas de la minoría oligárquica de la ciudad de Huehuetenango, mientras el huehueteco común y corriente estará como el chino de la fábula: «sólo viendo».
TRECE
Caso de extorsión al editor Raúl Figueroa Sarti
El intelectual Figueroa Sarti, representante de F & G Editores, publicó en la portada de un libro, una fotografía con la autorización del fotógrafo que la había tomado. No obstante, años después, con la amenaza de acusar a Figueroa Sarti como autor de un delito penado con cinco años de prisión y multa de Q50 mil a medio millón de quetzales, sino le pagaba Q60 mil por haber utilizado la foto sin su consentimiento, lo que no era cierto. Por fortuna en esta ocasión, excepcionalmente, ante los buenos antecedentes de la víctima y las pruebas que presentó en su defensa, Raúl Figueroa se libró de la extorsión. ¡Ojalá!, así ocurriese siempre en el sistema judicial guatemalteco.