Cuando se criticó al Ministerio de Relaciones Exteriores por haber retenido durante dos semanas la papelería de extradición de Carlos Vielmann, las autoridades dijeron que ese tiempo se había utilizado para revisar que toda la papelería estuviera completa y que no hiciera falta nada. Fue la respuesta oficial al reclamo formal que hizo Francisco Dall´Anese luego de que España dejara libre al ex ministro guatemalteco por no haber recibido la papelería correspondiente.
Hoy, sin embargo, se publica una declaración del ministro Haroldo Rodas en la que dice que él no se enteró de la resolución de la juez competente, dictada el día 5 de noviembre, en la que modificaba la petición de extradición porque la basó en el delito de ejecución extrajudicial y no en el de asesinato, como había decidido inicialmente. Al margen de la polémica sobre esa decisión judicial, que sin duda dará mucho de qué hablar, es crucial señalar que el ministro de Relaciones Exteriores dijo que su Ministerio no revisa la papelería, sino que simplemente le da el trámite para su envío al país receptor.
No hace falta insistir para poner en evidencia la inconsistencia de la reacción de la Cancillería en este caso, lo cual deja en evidencia de manera absoluta que en la petición para extraditar a Vielmann incumplieron su deber porque entretuvieron maliciosamente el trámite.
Si su función, como dijo Rodas, es únicamente la de ser el conducto para el envío de la papelería y no se enteran siquiera de lo que contiene el expediente, entonces por qué jocotes se tardaron tanto tiempo en cumplir con esa elemental función. Si cabe, en ese contexto, la queja de Dall´Anese por el retardo malicioso de 14 días en los que no se movió un dedo para trasladar el expediente, porque nadie estaba revisando su contenido sino simplemente entreteniéndolo para dar tiempo a que llegara la resolución de la CC.
Es una verdadera pena ver el comportamiento de nuestras autoridades para diligenciar un proceso penal de trascendencia internacional puesto que ese hecho nos ha dejado en posición pública de ser un país que alienta la impunidad y que no quiere que se conozcan los casos de alto impacto que tienen que ver con poderosos e influyentes personajes.
Creemos que es simplemente la implementación de acuerdos en los que hoy por ti, mañana por mí. Es obvio que para muchos funcionarios resulta urgente ponerle coto a la posible cacería que pudiera dirigir la CICIG y que se inició con el caso Portillo, para lo cual ha servido el caso Vielmann como muestra de que es posible frenar la acción de la justicia.