En ese marco, cabe referir que las reacciones generadas tras las primeras acciones concretas (públicas) de parte de la CICIG dejan más al descubierto la corrosión que el sistema de justicia padece desde hace años y que hoy es «defendida» anómalamente por «ciertos sectores» implí­citamente interesados en que los engranajes de la impunidad continúen beneficiándolos.

Las crí­ticas de esos «sectores» del paí­s, en contra de Carlos Castresana, comisionado de la CICIG, surgen desde sus declaraciones públicas donde reivindicó el derecho ciudadano a la manifestación como un medio consecuente y necesario para denunciar los asesinatos a mujeres, pilotos y niños, y más aún, como una forma de condena y de exigir justicia. Pero como Guatemala ha sido un paí­s marcado por la represión del Estado contra ese derecho, las palabras del juez hicieron más eco en oí­dos especí­ficos.

El hecho que las organizaciones sociales y de derechos manifestaran su apoyo a la CICIG, también generó «molestia» en esos «sectores»; debido a que en el paí­s las organizaciones que luchan contra la violencia y la impunidad son constantemente satanizadas porque son las únicas capaces de denunciar y exigir justicia y castigo para los criminales.

Pero lo que más causó estupor en los ya citados «sectores» fue la denuncia que la CICIG planteó contra el ex fiscal ílvaro Matus, que vista no desde un punto de vista visceral sino desde el mandato de la Comisión, constituye una primera y concreta acción contra las estructuras paralelas y cuerpos clandestinos que operan dentro de las instituciones como el MP y el propio Organismo Judicial.

Las reacciones más extremistas llegaron a afirmar la inocencia del ex fiscal y hasta lo victimizaron, cuando es tarea de un juez competente deducir si existe responsabilidad penal o no de los hechos planteados contra cualquier persona.

La CICIG no vino a inventar nada, no vino a imponer una ideologí­a (como muchos lo han señalado), sólo modificó la pasividad con la que las instituciones «pretendí­an» combatir la impunidad, por acciones concretas que de no evaluarse y consensuarse (porque los funcionarios tampoco son eunucos intelectuales) las cosas no sólo no cambiarán sino empeorarán y la violencia e impunidad continuarán vulnerando, como siempre, al ciudadano.

En todo caso, la CICIG constituyó una especie de contracultura dentro de la sociedad guatemalteca y dentro del propio sistema de justicia y no hay mejor explicación de ello que las reacciones de los citados «sectores» interesados en que nada sea modificado de ese estado de pasividad en el que se encuentran tanto las entidades como los funcionarios de justicia.