Según datos del Organismo Judicial (OJ), un 91 por ciento de los procesos penales ingresados por delitos relacionados al contrabando y la defraudación aduanera aún no han sido resueltos.

Estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj) refieren que desde el año 2011 a agosto del 2013, a los juzgados de todo el país ingresaron 795 casos por delitos contemplados en la Ley contra la Defraudación y Contrabando Aduanero.

Los números dan cuenta que por el ilícito de defraudación aduanera ingresaron 90 procesos; por casos especiales de defraudación aduanera 23; contrabando aduanero 544 expedientes; casos especiales de contrabando aduanero 11 y por introducción de mercancías de contrabando 127 causas penales.

Hasta el 26 de agosto del 2013, los Tribunales habían emitido 76 sentencias, de las cuales 59 fueron condenatorias y en 17 de los casos se absolvió a los sindicados.

Las cifras refieren que un 9 por ciento de los casos por trasiego de productos y defraudación ha sido resuelto mientras que el restante 91 por ciento continúa impune.

COORDINACIÓN

Edgar Balsells, exministro de Finanzas Públicas y analista económico, dijo que existe una gran cantidad de casos de contrabando que ni siquiera se detectan, y los que sí son puestos al descubierto se caracterizan por defensas que impugnan y por sociedades anónimas que impiden se conozca quién está detrás de la actividad ilícita.

“Hay un gran problema, porque se confunde la libertad de comercio con las regulaciones; el Ministerio de Economía, la SAT, y todo el aspecto aduanero tienen una fuerza muy débil contra estas sociedades anónimas o grupos, porque cuando se requisa un camión no se sabe a quién pertenecen”, manifestó.

Por otro lado, indicó que debe haber una coordinación interinstitucional donde participe la Cancillería, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Finanzas, e incluso las Cámaras empresariales.

SIN ESTRATEGIA

De acuerdo con Fernando Cordón de la Asociación Pro Derechos del Consumidor (Asprodeco), desde la SAT no existe una estrategia que busque acabar con el contrabando.

“Se presentan  denuncias a granel, la gran mayoría no sustentada. La SAT ataca el contrabando conforme una de las funciones varias que tiene en su Ley Orgánica, no es una política”, criticó el entrevistado.

Cordón refirió que pese a que se realizan revisiones aduaneras y se presentan denuncias, estas no alcanzan los grandes casos de contrabando.

A decir del entrevistado, los efectos de no contrarrestar el trasiego de productos se evidencia en la recaudación de impuestos.