Tenaz ha sido la lucha de la diputada Nineth Montenegro para lograr la información completa sobre el programa de Mi Familia Progresa que administra fondos públicos en beneficio de las familias de menos recursos económicos, puesto que durante meses ha reclamado la información que debiera ser pública y se ha topado con la negativa persistente del Gobierno a proporcionar detalles sobre cómo están administrando ese dinero del Estado.
Ayer la diputada dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia resolvió otorgar un plazo de tres días al Ministerio de Educación para que entregue toda la información pertinente en cumplimiento de lo resuelto por un Amparo de la Corte de Constitucionalidad que se han pasado por el arco del triunfo las autoridades. Ayer mismo, gente del Gobierno restó importancia ya a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y dicen que nada cambia con esa resolución y el Ministro de Educación ya dijo que todavía hay recursos pendientes y que no darán la información. Salta a la vista que estamos en presencia de acciones extremas para ocultar la información y que la diputada Montenegro deberá seguir actuando con tenacidad porque esta gente no está dispuesta a acatar las resoluciones judiciales y harán todo lo que puedan para ocultar información. No hace falta ser adivino ni siquiera ser malpensado para entender lo que está ocurriendo, puesto que un esfuerzo de ese calibre y magnitud para evitar la publicidad de actos que por su misma naturaleza tienen que ser públicos porque, al fin y al cabo, son ejecutados con dinero del pueblo, sólo tiene una explicación. Los sepultureros de los programas sociales de combate a la pobreza serán los que se oponen a su transparencia, puesto que con ello dan armas suficientes a los que por principio dogmático se oponen a cualquier esfuerzo para ayudar a los más pobres, para vilipendiar el esfuerzo. Ocurre que los programas actualmente están diseñados y concebidos como instrumento de propaganda electoral y por ello es que se produce este tremendo pulso en el que el Gobierno atrinchera los datos y los mete en una especie de búnker para impedir que se pueda establecer plenamente ese objetivo que, lejos de la solidaridad, es el fundamental de Cohesión Social. Nada nos puede ya sorprender en esta lucha por lograr una transparencia que de manera descarada y absolutamente burda se oculta aún en contra de resoluciones judiciales. Esa disposición a torpedear las decisiones en materia de Amparo y de encontrar subterfugios para ir retrasando el asunto, hasta que hayan pasado las elecciones generales, es la muestra más rotunda de cuánto hay por esconder en los programas.