Los pobladores de las zonas afectadas en los departamentos de Chalatenango, San Miguel, Cabañas y Santa Ana, se concentraron en la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), para dar a conocer la carta dirigida a Saca.

«No queremos que hagan las represas ni que sigan trabajando en la minerí­a. Sabemos que esto trae muerte para nuestra gente», declaró el sacerdote Antonio Carballo acompañado de pobladores de San Antonio del Mosco, 170 km al noreste de San Salvador, en el departamento de San Miguel, donde se construirá la represa hidroeléctrica de El Chaparral.

Según el sacerdote Carballo, la población de San Antonio del Mosco «está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias», a la vez indicó que «si el gobierno quiere masacrar a nuestro pueblo tendrá que masacrar también a los pastores de la zona porque estamos con ellos allí­ y vamos a seguir luchando».

En tanto, el campesino Miguel Angel Fuentes, de la comunidad de San Francisco El Dorado, en el departamento de Cabañas, donde una empresa canadiense busca explotar una mina de oro, deploró que los partidos de derecha busquen aprobar un proyecto de ley para legalizar esa industria «dañina».

Según los afectados, la urgencia de construir represas es para generar energí­a para «destruir» las montañas del norte de El Salvador, pero que además «contaminarán» las cuencas hidrográficas de los rí­os Lempa, Grande de San Miguel y Goascorán, los principales del paí­s.

Los representantes de las comunidadades denunciaron además la decisión gubernamental de construir la represa de El Chaparral sobre el rí­o Torola y luego serán las de El Cimarrón y el Tigre sobre el rí­o Lempa y otras dos en el rí­o Paz en la frontera con Guatemala.

«Los pocos agricultores que todaví­a trabajamos la tierra nos verí­amos obligados a emigrar, engrosando las filas de los miles de salvadoreños errantes y desempleados en nuestra tierra», consigna la nota dirigida al mandatario.