En su columna de opinión, publicada hoy en el diario Prensa Libre, la periodista Marielos Monzón comenta sobre algunos de los argumentos que tres ministros del Gobierno de ílvaro Colom, presentaron junto a sus votos razonados contra la prolongación del contrato a Perenco, que le permite extraer petróleo de Petén durante los próximos quince años.

Vale la pena aceptar la invitación de Marielos para conocer por qué algunos de los integrantes del Gabinete de Gobierno siguieron la lí­nea de muchas organizaciones sociales que mostraron su rechazo a que, entre otras cosas, se renovara un contrato firmado durante la dictadura.

Carlos Menocal, ministro de Gobernación, en su voto razonado, asegura que la decisión del presidente Colom de ampliar el contrato con Perenco «atenta contra la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala, así­ como contra el entorno ambiental y el equilibrio ecológico».

«A mi juicio», asegura Menocal, «esta decisión pone en riesgo la fauna y la flora, pero en especial el recurso natural que aún goza nuestro paí­s y concretamente la Reserva de la Biósfera Maya, patrimonio para nuestras actuales y futuras generaciones».

«Además, siendo la reserva de la Biósfera Maya un área protegida, la ley declara de interés nacional su restauración, protección, conservación y manejo, circunstancia ésta que estimo podrí­a verse alterada por la suscripción del contrato de marras», concluye Menocal.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Luis Ferraté, en el razonamiento de su voto, asegura que de acuerdo con la Ley de íreas Protegidas, la Convención relativa a los Humedales y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, «resulta improcedente la modificación, ampliación y prórroga del contrato de operaciones petroleras» debido «a que se ponen en peligro los recursos naturales del lugar, especialmente considerando que se trata de la zona núcleo de un área protegida, por lo que jurí­dicamente no pueden desarrollarse este tipo de actividades en la zona. Cuando el contrato se celebró originalmente, no habí­a sido emitida ninguna de las disposiciones citadas, por lo que en aquel momento no habí­a prohibición legal para su celebración; pero en las circunstancias actuales, las normas citadas no permitirí­an celebrar esta prórroga en el momento actual».

«En conclusión», afirma Ferraté, «estimo que con la suscripción y aprobación del contrato de modificación, ampliación y prórroga del contrato de operaciones petroleras (…) se estarí­an vulnerando las normas jurí­dicas que han quedado mencionadas».

El último de los ministros de Gobierno que razonó su voto en contra del contrato de Perenco, fue el titular del Ministerio de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerí­o, ya que «resulta improcedente la modificación, ampliación y prórroga del contrato de operaciones petroleras (…) debido a que se ponen en peligro la protección y conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la nación».

Además de señalar el peligro que corre la naturaleza por la extracción de petróleo, Lancerí­o también toma en cuenta cómo el Gobierno de ílvaro Colom ignora el Convenio 169 de la OIT, que contempla la consulta a los pueblos indí­genas ante cualquier proyecto que afecte su entorno. «Por otra parte», concluye Lancerí­o, «no se hace visible el beneficio para el desarrollo de las Comunidades, ya que las que están establecidas en área protegida, registran altos í­ndices de pobreza».

Ojalá y este Gobierno presentara la claridad de estos tres funcionarios que, a diferencia de Colom, sí­ tomaron en cuenta el verdadero peligro que significan las operaciones de Perenco.