A más de 500 años del inicio de la colonización española, los pueblos indígenas de Centroamérica siguen luchando por preservar sus tierras y culturas, pero ahora están enfrentados a transnacionales mineras, a la exploración petrolera y a megaproyectos hidroeléctricos.
Así lo destaca el Consejo Indígena de Centro América en un documento dado a conocer en el II Encuentro Regional de Redes Indígenas Centro y Mesoamericanas, que se reúne en San José con el auspicio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
«Hoy en día, la lucha es para que no se despoje de las tierras (a los indígenas) por proyectos mineros, de exploración petrolera y construcción de plantas hidroeléctricas», indica el documento emitido con ocasión del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, que se celebra hoy.
El documento indica que, a pesar de algunos avances en legislación en algunos países del área y a la creación de un régimen autonómico en el Caribe de Nicaragua, los derechos de los pueblos autónomos han experimentado escasos avances.
«Desde la conformación de los Estados nacionales a mediados del siglo XIX, los indígenas continúan ocupando el lugar más bajo de la estratificación social, sin acceso a puestos públicos, condenados a una economía de subsistencia y marginados y discriminados, social y políticamente», señala el informe.
Además, las políticas diseñadas por los Estados centroamericanos en favor de las poblaciones indígenas fracasan por el desconocimiento de las culturas y la falta de participación directa de los beneficiarios.
El concepto de desarrollo «debe ser el resultado de la propuesta conjunta de la comunidad, es decir, los miembros que saben sus necesidades y viven a diario su cultura, y de las organizaciones indígenas que tienen la experiencia en desarrollo de proyectos de diversa índole», apunta el documento.
Se estima que cerca de 8,3 millones de centroamericanos pertenecen a uno de los 65 grupos lingí¼ísticos reconocidos en la región, lo cual implica que un 25% de la población pertenece a una cultura indígena en particular.
Las culturas ancestrales se encuentran extendidas en todo el istmo, desde Belice hasta Panamá, con altas concentraciones de población en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Las organizaciones participantes en el encuentro en Costa Rica mostraron su preocupación por las políticas de autorizar proyectos de exploración y explotación de minerales y petróleo, explotación maderera o la construcción de grandes plantas hidroeléctricas.
Tales proyectos -aseguran- carecen en la mayoría de los casos de estudios de impacto social, ambiental y cultural, y provocan desplazamiento de comunidades, contaminación de bosques y fuentes de agua y problemas de salud a las poblaciones indígenas.
También el documento critica los proyectos para impulsar la siembra de palma africana para la producción de biocombustibles, que limita la disponibilidad de tierras para los cultivos alimentarios.
Los líderes indígenas llamaron a los gobiernos a establecer espacios de diálogo para preservar los derechos colectivos de los pueblos originarios y propiciar un desarrollo en armonía con sus culturas ancestrales y con la naturaleza.
Representantes de pueblos indígenas de Centroamérica, reunidos en Costa Rica, demandaron la suspensión inmediata de las concesiones para explotación y exploración minera a cielo abierto, por sus graves impactos ambientales y sociales.
«Nos oponemos rotundamente a estas concesiones de exploración minera porque significan la muerte para nosotros, los pueblos indígenas», dijo Tomás Gómez Membreño, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
La minería, afirmó, está provocando la contaminación de los terrenos y las fuentes de agua con sustancias altamente tóxicas como cianuro y mercurio, y ya han empezado a aparecer enfermedades muy severas de la piel y de la vista entre las poblaciones aledañas.
Gilberto Abrego, de la Coordinadora del Pueblo Indígena de Panamá, denunció que existe una alarmante amenaza a la salud de casi 500 mil indígenas que habitan en las cercanías de la mina de Cerro Colorado, en el oriente del país.
«La mina está en medio de la comarca y las sustancias tóxicas están enfermando a la gente y acortando su vida. En los ríos ya no hay peces, el ecosistema está sufriendo un daño irreversible», afirmó.
Los representantes de los pueblos autóctonos participaron en San José en el II Encuentro Regional de Redes Indígenas Centro y Mesoamericanas, patrocinado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Abrego explicó que las organizaciones mantendrán su lucha para que los gobiernos revisen los códigos mineros, de manera que se reconozcan los derechos de las poblaciones indígenas sobre los recursos del subsuelo.
«Las empresas transnacionales vienen y se llevan grandes riquezas y ni siquiera dan empleo, porque todo el personal es extranjero, a nosotros sólo nos dejan los desechos», afirmó.
Zonia Zacarías, dirigente del pueblo Quiché de Guatemala, llamó la atención sobre el hecho de que la ley sólo exige a las empresas mineras que tributen el 2% de sus ganancias, recursos que no van a las comunidades indígenas, sino al gobierno central.
Además, denunció, los estudios de impacto ambiental no incluyen indicadores socioculturales, ni mecanismos para que el Estado pueda ejercer un control efectivo sobre las actividades de estas empresas.
Miles de indígenas y campesinos protestaron ayer en diversas partes de Guatemala para expresar su rechazo al racismo prevaleciente en el país, al alto costo de la vida y a la explotación minera.
En la capital, los organizadores aglutinaron a unos 600 participantes, mientras que en el interior del país los manifestantes bloquearon carreteras en San Marcos (oeste), Quetzaltenango (oeste), Huehuetenango (Noroeste), e Izabal (Norte), entre otros departamentos.
Las protestas, que se realizaban en por lo menos 10 de los 22 departamentos del territorio nacional, están enmarcadas en la conmemoración del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra hoy.
«Preferimos hacerlo ayer, para que nuestra movilización no coincida con las del Gobierno. Hoy solo se ofició una ceremonia maya en el centro arqueológico Kaminal Juyú», en la periferia oeste de la capital, afirmó uno de los participantes en la marcha.
«Junto a nuestros hermanos y hermanas (…) exigimos nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas. El derecho y control de nuestros territorios y recursos naturales; mantener nuestra identidad cultural diferenciada y vivir sin discriminación», sostuvieron dirigentes del Comité de Unidad Campesina en un comunicado.
Agregaron que exigen vivir «sin la amenaza del genocidio y tener acceso seguro a las tierras y los recursos esenciales para nuestro bienestar y forma de vida».
En tanto, la fundación de la líder indígena y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, sostuvo que la coyuntura internacional es dominada por los intereses de grandes empresas transnacionales que mantienen en vilo la economía mundial.
«Mediante cadenas de valor que imponen condiciones vergonzosas los países que intentan insertarse en la globalización económica; extraen recursos naturales, expolian su fuerza de trabajo, amenazan la vida en los ecosistemas a escala planetaria y hoy, producen un riesgo serio de crisis alimentaria», sostuvo la fundación en un comunicado.
En Guatemala, según cifras oficiales, el 42% de los 13 millones de habitantes es indígena, y es en ese sector donde se concentra la pobreza que afecta a más del 50% de la población total.