Contra la violencia


Al momento de escribir esta nota editorial se empezaban a reunir los guatemaltecos en los puntos señalados por la Arquidiócesis para realizar la marcha en contra de la violencia. Al margen de la capacidad de movilización que puedan mostrar las parroquias, es importante señalar que al menos se está dando un primer paso y alguien eleva la voz en contra de la inseguridad que estamos viviendo. Es momento de demandar a las autoridades que hagan realmente algo para terminar con esa permanente zozobra que nos afecta a los guatemaltecos por la ausencia de planes concretos en la lucha contra la violencia que mantiene el crimen organizado.


Los chapines somos realmente pasivos y poco dados a la participación que exige y reclama a las autoridades el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Cuando se produce algún crimen que afecta nuestro entorno directo, todos lamentamos la situación y nos quejamos, pero cuando los crí­menes son en contra de personas desconocidas para nosotros, simplemente nos enteramos de las noticias y damos vuelta a la página.

Pocos paí­ses del mundo pueden ser tan paradisí­acos para los criminales como Guatemala, porque no sólo existe un sistema absoluto para garantizar la impunidad, sino que además la población ya ni se inmuta con la ola de violencia y vemos la sucesión de muertos con la misma pasividad que tenemos al ver llover. Nunca las autoridades han sentido la presión fuerte, directa y contundente de la población para obligarlos a actuar de manera diferente y por ello todos se terminan acomodando.

El llamado del Cardenal Quezada, como Obispo de la Arquidiócesis de Guatemala, es un llamado a la conciencia de este pueblo para que entendamos que el problema de la violencia es en realidad «nuestro problema» y que tenemos que participar cí­vicamente para obligar a que se adopten las medidas más efectivas en la lucha contra el crimen. Este y cualquier gobierno tiene que entender que es un deber y una obligación garantizar la seguridad a los habitantes de la República y que hay enfrente un pueblo que demanda el cumplimiento de ese deber constitucional. La presión del público es importante porque evitará que los funcionarios se vayan acomodando en medio de la pasividad de la población.

Insistimos en que esta convocatoria, a nuestro juicio realizada con demasiada premura y sin suficiente organización, debe ser apenas el primer paso de una nueva actitud ciudadana para reclamar y exigir.