El proyecto de Ley que tipifica el enriquecimiento ilícito como delito ha sufrido algunas enmiendas que pretenden convertirla en una Ley Contra la Corrupción que castigue tanto a los funcionarios como a los particulares que se aprovechan de los recursos públicos, pero obviamente no es una iniciativa que tenga el camino expedito porque mientras más eficiente pueda ser para contrarrestar el manoseo del erario, menos probabilidades tiene de ser aprobada por un Congreso que no se distingue precisamente por su intención de depurar al país.

Hay cierto interés ciudadano por ejercer presión a fin de que se apruebe de urgencia nacional la norma pero, como siempre ocurre, no es una presión orgánica y estructurada, sino apenas unas cuantas voces de personas y de representantes de sectores que entienden la importancia de que Guatemala pueda disponer de un instrumento legal al servicio de la búsqueda de transparencia y que pretenda ponerle fin al saqueo persistente y cada vez más sofisticado que se hace de las arcas nacionales. No es secreto que en cada gobierno se perfeccionan los métodos de corrupción, tanto que cuando comparamos el presente con lo que fue escandaloso en el pasado, como los trinquetes en época de Ydígoras Fuentes, por ejemplo, nos damos cuenta que aquello era juego de niños y manejo de centavos en comparación con lo que ahora se desfalca al erario.
 
 En general hay una descomposición social, y si antaño eran excepción no sólo los políticos descaradamente sinvergüenzas sino también los empresarios cínicos que repartían sobornos, ahora la excepción es a la inversa, porque cuesta encontrar quién no juega el sucio juego de la corrupción que propicia enriquecimiento ilícito e inmoral de funcionarios, de políticos y de empresarios que gustosamente se reparten el pastel.
 
 Honestamente no tenemos altas expectativas de una ley que salga del actual Congreso de la República y siempre tendremos la suspicacia de que en algún lugar de la normativa, si es que se aprueba, está el reducto para asegurar la impunidad que hasta ahora ha sido norma y característica de nuestro sistema. Tenemos que ser sinceros en que no hay motivos para suponer que de la noche a la mañana nuestros diputados tengan una súbita conversión y, abrumados por un clamor popular que todavía es apenas incipiente, se decidan a ponerse ellos mismos las trabas que permitan al sistema de justicia procesar a los que se enriquecen con los fondos públicos. No olvidemos que la extinción de dominio pasó porque no está amarrada a una ley contra la corrupción y por lo tanto los pícaros de siempre están a salvo.
 
 Por ello pensamos que debe aumentar la presión y que los ciudadanos tenemos que jugar un papel más activo para demandar el marco legal que nos permita depurar la cosa pública.
 

Minutero
Confiarle a los diputados
es pecar de ingenuos pasmados;
y es que con ellos no hay forma
de lograr una buena reforma