Para quienes nos hemos quejado de la existencia de un sistema perverso que alienta el robo de celulares porque estimula su comercialización, la aprobación de una Ley en el Congreso de la República que sanciona severamente la tenencia o venta de aparatos robados es un enorme paso adelante que pone la pelota en el campo de las autoridades del país para proceder a la captura y sanción de quienes han hecho de ese crimen su medio de vida.

Si no hay forma de vender los aparatos robados, terminará o por lo menos disminuirá notablemente ese crimen que ha cobrado tantas vidas en el país. Ahora depende de que tanto el Ministerio de Gobernación con su sistema de Inteligencia Civil, como el Ministerio Público mediante sus investigadores, ataquen de manera directa y frontal el negocio de la venta de aparatos robados para que se pueda contener uno de los peores flagelos que hay para los guatemaltecos.
 
 Desde tiempos inmemoriales hemos sabido que quien no enseña no vende y eso significa que los que comercian con los aparatos robados tienen que promocionarse de alguna manera. Si para algo puede y debe servir un sistema de inteligencia contra el crimen es para localizar a estos sujetos sabiendo que de alguna manera tienen que exhibir su mercancía mal habida. Es más difícil enfrentar el problema en el momento del robo porque está demostrada la incapacidad de nuestras fuerzas del orden para actuar en tales circunstancias, pero mediante simples seguimientos, escuchas y otros medios de investigación criminal, es relativamente fácil detectar los lugares donde se “flashean” los teléfonos robados y más sencillo aún encontrar los lugares donde públicamente son puestos a la venta. Flasheadores y vendedores están ahora expuestos a sufrir largas condenas pero dependerá básicamente de cuán ágil sea la investigación para que el espectro del castigo sea efectivo. Hoy por hoy, el delincuente sabe que por alta que sea la pena, las probabilidades de que lo procesen son muy bajas y por ello es que la impunidad alienta el crimen.
 
 Otro aspecto importante de la ley es el castigo a quienes usen teléfonos desde las cárceles para cometer delitos y sanciones para quienes provean de ese medio de comunicación a los reclusos. Nuevamente es importante destacar que todo dependerá de la actitud de las autoridades, porque si siguen haciéndose de la vista gorda a cambio de una mordida, de nada va a servir toda la estructura legal montada por la nueva legislación.
 
 Precisamente con el robo de celulares, crimen cometido frecuentemente desde motocicletas contra automovilistas, se demostró el absurdo de nuestra situación porque aunque se emitieron normas para regular a los motoristas, primero prohibiendo que dos personas usaran el mismo vehículo y luego tratando de ordenar su circulación, en ambos casos se dispuso dejar de cumplir con la norma y el resultado es el pésimo ejemplo que la misma autoridad le da al ciudadano respecto a que las leyes valen un pepino en nuestro país.
 
 Por ello es que en esta ocasión es obligado exigir que en el tema del robo de celulares, en el “flasheo” y comercialización de los aparatos robados, se actúe con absoluta energía para sancionar a los que se dedican a esas actividades, entendiendo que si no hay comercio con los celulares arrancados a sus dueños, no habrá más robos porque los mismos se producen debido a lo lucrativo que resulta ese inmenso mercado de aparatos de criminal procedencia. Deberá acabarse con la práctica de que cualquiera puede acudir a los sitios ya conocidos para comprar un teléfono. Muerto el negocio se acaba esa forma de crimen.