Es evidente que Guatemala está urgida de un pacto de gobernabilidad que se centre en el orden constitucional y el estado de Derecho y tenga como objetivo combatir el crimen organizado, eliminar la corrupción de las actividades públicas y privadas y romper el muro de la impunidad por los crímenes de ayer y de hoy.
Resulta ominoso que el crimen organizado esté utilizando el asesinato y otras formas de violencia para intentar el golpe de Estado. Las muertes de los pilotos de autobuses, la violencia en las calles, el asesinato del alcalde del Asintal, los ataques alevosos contra los defensores de los derechos humanos y dirigentes del movimiento social y político, así como periodistas, el asesinato de un empresario y su hija, y el asesinato del abogado Rosenberg han servido para que un partido político pretenda derrocar al gobierno. El domingo pasado estuvieron los guatemaltecos al borde de tragedias aun mayores. Al igual que ocurrió en Venezuela cuando se intentó derrocar a Hugo Chávez, francotiradores pudieron haber provocado muertes en ambas manifestaciones, polarizando aun más la situación. Para quienes ha matado a tantos ciudadanos y ciudadanas en los últimos cinco años, los muertos adicionales no cuentan.
Es imperdonable que, en vez de cerrar filas contra el crimen organizado, el Partido Patriota haya venido fomentando sistemáticamente el reemplazo del Presidente desde el tristemente famoso Martes Negro en marzo. ¿Estará este partido dispuesto a firmar un Pacto de Gobernabilidad o sus limitados intereses son más importantes que los del país en general? Cabe hacer la misma pregunta a otros políticos que, aprovechándose del infame asesinato de Rodrigo Rosenberg, tratan de llevar agua a su molino: ¿Están dispuestos a buscar seguridad para toda la población, castigada con tanta violencia, por medio de un pacto no partidista? El no hacerlo puede dar margen a la sospecha de quién, realmente, fomenta esta ola reciente de violencia.
Es este el momento de arriar las banderitas proselitistas, pensando ilusamente en que los militares tomarán el poder o que los votos los van a favorecer en el 2011, y pensar finalmente en que la incapacidad de la clase política, la indiferencia de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, y el abandono en que tenemos a nuestros pobres y a nuestra juventud llevan aceleradamente a la totalidad del Estado a su condición de estado fallido. De esa condición no se salvará nadie.
Urge firmar un pacto de gobernabilidad, en el cual se comprometan el Gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil y las entidades con autoridad moral. El pacto debe reunir toda la fuerza necesaria para enfrentar las diversas manifestaciones del crimen organizado, desde el narcotráfico hasta la extorsión; combatir la corrupción, tanto en el Estado como en la iniciativa privada; y hacer justicia por todos los crímenes cometidos, sin importar qué prominencia hayan alcanzado o tengan los personajes de gobierno y los empresarios que puedan estar involucrados. Es tiempo de que a invitación del Conciliador Nacional y con acompañamiento internacional nos planteemos en una mesa de negociaciones el rescate de nuestro país.