Apenas ayer el Juzgado Décimo de Primera Instancia ligó a proceso dos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) implicados en la ejecución extrajudicial de un hombre en la zona 6 capitalina.
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El Ministerio Público (MP) ha recibido, este año, un promedio de 90 denuncias mensuales en contra de agentes de la PNC por ilícitos como robo, abuso de autoridad y extorsión, entre otros.
Uno de los informes sobre seguridad, del Centro de Estudios de Guatemala, refiere que en 2007 se reportaron 49 ejecuciones extrajudiciales, cifra que ha sido superada de enero a la fecha, según el documento emitido por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), donde se registran 85 este año.
Analistas consultados coincidieron en que las ejecuciones extrajudiciales convergen en un punto: «la necesaria depuración de la PNC».
En proceso
Isabel Agustín Mendoza, Director de la Policía Nacional Civil, constató que la institución que preside está trabajando en ese aspecto: «Estamos evaluando algunas cuestiones del personal, hemos recibido las denuncias y de un momento a otro sale otro listado de policías que no están cumpliendo con sus deberes y obligaciones. La depuración es un hecho», enfatizó el Comisario.
Mendoza no pudo indicar el número de agentes que actualmente son investigados, e insistió en que se daría a conocer al finalizar las investigaciones.
El proceso que la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), ejecuta a lo interno de la PNC ha dado como resultado la destitución de más de cien agentes en lo que va del año.
Al respecto Mendoza indicó que la institución se reduce no sólo en número de agentes, sino en cuanto a su cobertura, pero añadió que «es mejor que hayan menos elementos y no que hayan más y malos», declaró, y añadió que actualmente hay un grupo de mil aspirantes que están en proceso y que podrían graduarse a finales de octubre próximo.
Análisis
Sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales, Mario Polanco, director del GAM, opinó que «aunque no es el Estado el responsable es un hecho en el que las autoridades son las implicadas, la situación es compleja porque significa que el crimen organizado ha penetrado a las instituciones para cometer esa clase de ilícitos», declaro.
Para Polanco, ese fenómeno coloca al estado en una «absoluta vulnerabilidad» porque la PNC no puede garantizar la seguridad: «a uno se le acerca un policía y ya no se sabe si lo va a asaltar o a agredir», ejemplificó el analista.
El entrevistado dijo finalmente que en cuanto a la depuración se ha hecho muy poco, ya que con la transición de gobierno se efectuaron varios cambios pero no se les dio seguimiento: «siempre se toman una serie de acciones de arranque pero se olvidan y deja el tema la misma situación», subrayó.
Hellen Mack, analista de la Fundación Myrna Mack, opinó que «existe todo un esfuerzo de querer erradicar esas prácticas en la PNC por medio de la depuración», pero no se ha conseguido.
La entrevistada comentó actualmente la institución policial atraviesa por una situación deplorable respecto a los salarios porque este «no llena las condiciones mínimas, ni alcanza para las necesidades básicas y en algunos casos esa se convierte en una justificación para delinquir», opinó.
Para Mack, la depuración no va a rendir lo resultados esperados mientras no se respeten las garantías mínimas laborales.
La entrevistada dijo finalmente que el tema de la rehabilitación en las cárceles, hace que los agentes que incurren en ilícitos cuando son parte de la institución policial, delincan también fuera de ella.
Juicio
El inspector Wilson Tobar Valenzuela y los agentes Sabino Ramos Ramírez y Dionisio Balán Santos, enfrentan juicio por lo que podría ser el crimen menos perfecto: los ex policías son acusados del secuestro y ejecución extrajudicial de cinco jóvenes del Barrio El Gallito, ocurrido en septiembre de 2007; según la acusación, los sindicados utilizaron la patrulla DG-002 a cargo de la Dirección General de la PNC.
Otro caso
En enero de este año, fueron aprehendidos el oficial primero Hugo Francisco Ibarra Pop, de 36 años, jefe de la Sección de Antisecuestros con sede en Quetzaltenango, y el oficial tercero Hugo Leonel López, 39, jefe interino del Comando Antisecuestros de la Dirección de Investigaciones Criminológicas (Dinc) de la capital. También fue detenido el subinspector Virgilio De Jesús Monroy, 39, y el agente í‰lder Clay Mérida Mínchez, 35. Ambos eran subalternos de Ibarra.
Ayer, el Juzgado Décimo de Primera Instancia ligó a proceso a Estuardo Amadeo Escobar Mérida y Cedner Steve Sotto, ambos oficiales de la PNC, sindicados de la muerte de Arturo Florencio Castro de León el 5 de abril último en la 25 Av, lote 11 de la Colonia La Reynita zona 6.
La fiscal Fabiola Miranda atribuyó en la acusación primaria que el arma que fue asignada por la PNC a Sotto, fue la que quitó la vida de Castro de León.
Según el MP, el agente Escobar Mérida es cómplice de Sotto ya que lo esperó en un vehiculo verde de placas P 355-BFS. Los elementos de la PNC se encontraban de turno el día de los hechos.
El artículo 132 del Código Penal establece: Comete el delito de ejecución extrajudicial, quien por orden, autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma, de la vida a una o más personas, aún cuando no medie móvil político. El anterior delito es sancionado con prision de 25 a 30 años.