El gobierno uruguayo anunció que seguirá al menos por dos años más la búsqueda de restos de víctimas de la represión política de la pasada dictadura militar, ya que cuenta con nuevos datos aportados por informantes confidenciales que están en proceso de verificación.
El secretario de la presidencia, Alberto Breccia, confirmó en una conferencia de prensa que el gobierno prorrogará hasta fines de 2013 el convenio con una universidad estatal para que un equipo de antropólogos continúe las excavaciones para intentar descubrir restos de una treintena de desaparecidos durante el régimen militar que gobernó entre 1973 y 1985.
Según Breccia, las autoridades recabaron nueva información después de que los equipos de antropólogos encontraron en octubre el esqueleto de Julio Castro en una fosa clandestina dentro del predio de maniobras de un cuartel militar. Castro había sido secuestrado en Montevideo en 1977 y el examen forense determinó que había sido asesinado de uno o varios disparos en la cabeza.
A partir de la noticia del hallazgo y la posterior identificación de los restos por pruebas de ADN, la información confidencial recogida por una oficina gubernamental encargada del esclarecimiento de esos crímenes «creció en cantidades importantes» porque el episodio «generó un sacudón en la conciencia adormecida» de algunas personas que tienen datos sobre la suerte de las víctimas, dijo Breccia.
El jefe del equipo antropológico, José López Mazz, también comentó que «la información generalmente llega en cuentagotas (pero) con el hallazgo de Julio Castro ha aparecido mucha más información».
Las autoridades consideran que hay muchos datos nuevos que son «estudiables y serios» así como otros «descartables», indicó el funcionario, pero todos son «importantes» porque «nos conducen a nuevos sitios de interés arqueológico y otros que se confirman».
La búsqueda de restos de desaparecidos, que comenzó en 2005, permitió hallar hasta el momento las sepulturas clandestinas de otros dos hombres, identificados como Ubagésner Chaves Sosa –hallado en noviembre de ese año en una chacra militar– y Fernando Miranda –descubierto en diciembre de 2005 en otro cuartel del ejército–.
Hasta esos años, la información en poder de las autoridades era que los lugares de entierro clandestinos habían sido removidos poco antes de que terminara el régimen de facto y que los huesos habían sido cremados, triturados y arrojados al mar en una presunta maniobra de ocultamiento de pruebas conocida como «operación zanahoria».