Un aumento de denuncias por robo de celulares reporta la fiscalí­a contra delitos patrimoniales del Ministerio Público pese a que en el Congreso de la República ya se discute ley contra el robo de los aparatos móviles.

Con el acuerdo establecido entre las empresas de telefoní­a y el gobierno central, los guatemaltecos fijaron sus esperanzas que los hechos delictivos y muertes por robo de celulares se minimizarí­an, pero las estadí­sticas que posee el Ministerio Público, MP, denotan lo contrario.

En la oficina de atención permanente del MP a diario se reciben de 10 a 15 denuncias por robo de celulares que por el contrario antes que saliera a luz pública el acuerdo entre el ejecutivo y las tres empresas de servicio celular, las quejas eran menores.

«El efecto del pacto no fue el esperado, lo lamentable es que las estadí­sticas por ese tipo de denuncias van en aumento, pese que a lo que se pretendí­a con el convenio era prohibir a las empresas de telefoní­a la reactivación de aparatos celulares de dudosa procedencia o robados», mencionó el fiscal Amí­lcar Velásquez.

Ley Estancada

Según el ponente de la ley que regularí­a a las empresas de telefoní­a móvil para la activación de aparatos, Manuel Baldizón en el Legislativo, la aprobación de la normativa no avanza, tanto así­ que desde hace meses se ha estancado en su segunda lectura.

No se ha podido aprobar en el Congreso de la República, sólo se ha aprobado en segunda lectura no así­ en tercera, con la ley en vigencia se tendrí­a una figura coercitiva que obligarí­a a las empresas telefónicas de dudosa procedencia o robadas.

«La iniciativa se mantiene como proyecto de ley, esperamos que el próximo año sea aprobada, ya que en la actualidad se captura a vendedores de los celulares y al dí­a siguiente salen libres, pues en la actualidad no existe la figura jurí­dica para tipificar el delito, mucho menos existe una pena a imponer», refiere el diputado Baldizón.

Según el congresista con la referida normativa se pretende evitar la comercialización de teléfonos celulares de dudosa procedencia, dando a los tribunales la competencia de imponer una pena de 4 a 6 años de prisión a quienes se dediquen a negocios ilí­citos de ese tipo, igual a gerentes de empresas en las que se registren aparatos robados.

Múltiples muertes

De tres a cuatro personas han fallecido cada mes, por el intento de evitar que no le sea robado su aparato móvil, según el ente investigador los sectores donde más se reportan los hechos delictivos son los que comprenden las zonas 1 y 4.