Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, afirmó que el conflicto por la extracción minera en Santa María Xalapán, San Rafael Las Flores y Mataquescuintla, continúa vigente en esos territorio y por ende el Estado sigue sistemáticamente

criminalizando y violentando los derechos de campesinos y defensores de la tierra; en lugar propiciar el diálogo y proteger el tejido ambiental y social en esas comunidades. El pasado 2 de mayo, el presidente Otto Pérez decretó estado de Sitio en esas ubicaciones, argumentando una serie de hechos graves de sabotaje, afectando la actividad productiva de personas individuales y jurídicas.