Las diligencias por el estado de Sitio continúan en Santa Rosa y Jalapa, aunque hoy las autoridades se enfocaron principalmente en el segundo departamento en mención, donde se encuentran los líderes del Parlamento Xinca y por quienes se sabe hay órdenes de captura en su contra.
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En el segundo día de la disposición tomada por el presidente Otto Pérez Molina, las autoridades realizan allanamientos y verifican las entradas y salidas de las principales rutas en ambos departamentos.
Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), en Jalapa se ejecutarían seis órdenes de captura –aunque prefirieron no identificar a los sindicados- en contra de personas señaladas por diversos delitos.
En este lugar se encuentran los dirigentes del Parlamento Xinca, entre ellos Roberto González Ucelo y su primo Rigoberto, quienes fueron acusados públicamente por el titular de la Cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, de ser los incitadores de los hechos violentos.
Hasta este mediodía representantes de la Cartera de Seguridad y de la Policía Nacional Civil (PNC) dijeron que los allanamientos continuaban y que aún no podían ofrecer resultados de las acciones que emprendían.
El estado de Sitio se implementó tras los disturbios suscitados en San Rafael Las Flores en Santa Rosa y en la ruta a Mataquescuintla en Jalapa, donde días antes fueron heridos seis pobladores por orden de Alberto Rotonda, jefe de seguridad de la mina y posteriormente porque los comunitarios secuestraron a 23 elementos policíales.
Pese a lo acontecido, Pérez Molina justificó la disposición al decir que era el resultado de una investigación de seis meses que se llevó a cabo con el apoyo del Ministerio Público (MP), donde se determinó que había robo de armas, asesinatos y secuestros.
“Es responsabilidad del gobierno”
Yolanda Oquelí, representante de la resistencia pacífica en La Puya, ofreció su respaldo a los miembros del Parlamento Xinca y a los comunitarios de San Rafael, quienes podrían ser capturados próximamente.
Oquelí dijo que son inquietantes las consecuencias del desenlace que pueda tener este conflicto, y si hubiese otro enfrentamiento el Gobierno sería el único responsable.
“Preocupan las consecuencias que pueda tener un nuevo enfrentamiento, exigimos derechos, pero no se nos respeta y no se nos escucha. Si algo sucede los responsables son el Presidente y el Ministro de Gobernación por mandar a enfrentarse a los guatemaltecos”, indicó.