«Si Botnia parte, la Corte no tiene poder de hacerla volver», advirtió hoy el jurista escocés Alan Boyle, al justificar el «daño irreparable» que alega Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en su demanda de medidas para poner fin a los cortes de ruta argentinos contra la construcción de una papelera de la compañía finlandesa.
La noción de «daño irreparable» es la más importante a la hora de justificar un pedido de medidas cautelares urgentes de la Corte, y por ello el equipo legal uruguayo utilizó su turno de la segunda ronda de alegatos en la CIJ para poner el acento en esta cuestión, que no había sido bien desarrollada ayer.
Según explicó Boyle, un experto en cuestiones medioambientales, «si Uruguay debe poner fin al proyecto de Botnia para proteger su turismo y economía, será un daño irreparable», ya que la CIJ «no puede aportar ningún remedio a esta situación».
De este modo, el equipo uruguayo buscó dejar de lado los presuntos daños económicos que sufre el país por los cortes de ruta argentinos y centrarse en el vínculo entre esos bloqueos y la cuestión de fondo: el derecho de Uruguay de construir una planta de celulosa en Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo), en un río fronterizo, sin pedir autorización de Argentina.
Para apoyar su demanda, Uruguay se refirió en varias ocasiones al fallo de la CIJ del pasado 13 de julio, que rechazó un pedido argentino de medidas provisorias para frenar el proyecto hasta que se determine si se violaron o no cuestiones medioambientales vinculadas con el Tratado del Río Uruguay de 1975.
Para Uruguay, ese fallo, que garantizó su «derecho al desarrollo sustentable» hasta que sea definida la cuestión de fondo, no es respetado por el gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner que «aprueba» los cortes de ruta de los asambleístas de Gualeguaychú (ciudad argentina ubicada frente a Fray Bentos), utilizados como un medio de «extorsión económica».
«Pedimos a Argentina no tener comportamientos incompatibles con sus obligaciones ante esta Corte y no agravar el diferendo adoptando iniciativas unilaterales que puedan tener influencia en el diferendo», dijo en ese sentido hoy el jurista italiano Luigi Condorelli.
De su lado, el jefe del equipo legal uruguayo, el embajador en Francia Héctor Gros Espiell, defendió la competencia de la CIJ en el caso. «La Corte es competente porque los bloqueos efectuados por un grupo de personas ante la omisión y permisividad del gobierno argentino tienen como objetivo detener la construcción de la usina», insistió.
Para apoyar el vínculo entre los cortes de ruta y la cuestión de fondo del derecho uruguayo de instalar la planta, Boyle citó declaraciones de militantes de Gualeguaychú, según las cuales «el puente será levantado únicamente cuando la usina haya desaparecido» o «los bloqueos deben continuar como una moneda de cambio para que Uruguay relocalice la usina».
Para Uruguay, Argentina ha sido «bastante insensible» en cuanto al impacto de los bloqueos, cuyo alcance ha sido «minimizado», teniendo en cuenta que el «80% de los intercambios comerciales pasan por el puente de Fray Bentos», recordó Boyle.
Por último, Uruguay dejó claro que su demanda ante la CIJ no tiene nada que ver con la que presentó ante el Mercosur (que integran ambos países junto con Brasil, Paraguay y Venezuela) por el mismo tema en septiembre pasado, vinculada con el comercio y la libre circulación.
«La cuestión importante es saber si los derechos que Uruguay intenta proteger son derechos comerciales que competen al Mercosur o derechos soberanos de desarrollo durable. En ningún lugar Uruguay le pidió a la Corte aplicar o interpretar acuerdos del Mercosur», dijo Boyle, desestimando el argumento argentino del «caso juzgado».