Apoyado en diarios europeos, la columna de hoy está intencionada para ofrecer más que una opinión, una ilustración de la situación delicada que ha acontecido en Egipto desde el golpe de Estado del 3 de julio del presente año.

Luego de una serie de movilizaciones casi diarias que los Hermanos Musulmanes han organizado desde el golpe de Estado que depuso al presidente Mohamed Morsi, el Gobierno egipcio ha anunciado que tomará “todas las medidas legales necesarias para afrontar los actos de terrorismo y el corte de las calles”, lo que anticipa un incremento de la tensión y, probablemente, también de la violencia.

Estas medidas previstas para controlar las movilizaciones sociales tenderán a agravar la crisis de un país totalmente dividido, mientras el Gabinete ha revisado la situación de seguridad del país, y ha concluido que la situación peligrosa en Raba al Adauiya y la plaza Nahda, incluidos los actos terroristas y de corte de calles que han ocurrido, no es ya aceptable, pues constituye una amenaza para la seguridad nacional y la paz social”, según un comunicado de la ministra de Información, Dorreya Sharaf el Din.

Sus palabras constituyen una seria amenaza a los miles de personas acampadas frente a la mezquita de Rabá al Adauiya y la Universidad de El Cairo, los dos epicentros de las movilizaciones islamistas. Los responsables islamistas no se han cansado de repetir que no pondrán fin a sus protestas hasta que Morsi vuelva a la Presidencia.

El anuncio llegó solo unas horas después de que la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, abandonara Cairo. Ashton se entrevistó con los principales líderes políticos del país, incluyendo a Morsi, quien se encuentra detenido e incomunicado, para intentar reconducir el conflicto que enfrenta al Ejército y a la Hermandad, las dos instituciones más poderosas de Egipto.

El enviado especial de la UE para el sur del Mediterráneo, el español Bernardino León, continuará con los esfuerzos de interlocución en Egipto. La responsable de Exteriores de los Veintiocho fue muy parca a la hora de explicar el contenido de sus encuentros. En varios medios de comunicación, se filtró que presentó una iniciativa por la que se archivarían los procesos legales contra los líderes de la Hermandad (casi todos en la cárcel o bajo orden de arrestos) y se garantizaría su participación en el proceso político a cambio de poner fin a las protestas.

En cambio, la versión de los Hermanos Musulmanes es que Ahston sí adoptó una actitud más intervencionista. Según un dirigente de su brazo político, Mohamed Beltagy, en su reunión con Morsi “le presionó para aceptar su derrocamiento y el golpe”. Los responsables islamistas no se han cansado de repetir que no pondrán fin a sus protestas hasta que Morsi vuelva a la Presidencia del país, una posibilidad rechazada de forma categórica por las autoridades.

El pasado domingo, el presidente interino, Adli Mansur, delegó en el primer Ministro la capacidad de aplicar varias medidas propias de la declaración del estado de Emergencia, como permitir al Ejército el arresto de civiles. En caso de proceder al desalojo de los campamentos islamistas puede ocurrir una masacre peor que la del pasado sábado, cuando una actuación brutal de la Policía para dispersar una marcha terminó con la muerte de al menos 80 personas.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió a los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham que viajen a Egipto para tratar de acelerar el proceso electoral y garantizar la transición democrática. Ambos políticos esperan reunirse con representantes del Ejército egipcio, miembros del Gobierno interino y líderes de la oposición y acercar posturas para que pongan fin a una crisis que no ha hecho más que agravarse desde el golpe de Estado, en medio de grandes protestas y con el beneplácito de los militares, el pasado 3 de junio.

Recuerdo haber escrito en la columna del jueves 4 de julio ¿Dónde tuvo sus orígenes el golpe de Estado? La pregunta continúa firme y luego de estos sucesos cobra mucha más fuerza.