Organizaciones sociales y de derechos humanos continúan la batalla legal en el proceso por genocidio que se sigue en contra de militares guatemaltecos, en el cual se encuentra el secretario general del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Efraín Ríos Montt.
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En la vista pública, realizada en la Corte Suprema de Justicia, fueron presentadas las argumentaciones de las partes involucradas en el proceso, las cuales se pronunciaron en relación a un conflicto de jurisdicción y competencia, interpuesto por la defensa de Ríos Montt ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
El abogado Mario Minera, representante del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), refirió que en la audiencia se discutiría lo relacionado con el «supuesto» problema de competencia que existe en los tribunales que conocen el proceso.
Edgar Pérez, abogado litigante de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), refirió que en la diligencia solicitarían a la cámara de amparos y antejuicios de la CSJ que se deniegue la acción de legal que interpuso la defensa de Ríos Montt: «no es a través de la vía del amparo sino del mismo proceso penal donde se debe resolver», detalló.
Pérez añadió que no existe conflicto de jurisdicción porque es un delito de trascendencia nacional, que tiene una «autoría inmediata dentro del proceso penal».
Los denunciantes sostienen que el Juzgado Segundo de Primera Instancia tiene la competencia territorial, para conocer el caso y que el proceso fue planteado contra el alto mando militar de 1982 y no sólo contra el General Ríos Montt, quien interpuso el conflicto de jurisdicción.
La defensa
Francisco Palomo, abogado defensor del líder del FRG, refirió que en la presente audiencia, la defensa había evacuado por la vía escrita y que el conflicto de jurisdicción fue planteado para que se depurara el proceso y así fuera conocido por la instancia jurisdiccional a la que le corresponda.
«Este es un caso en el que se está acusando que los delitos fueron conocido en el interior de la República y por lo tanto consideramos que no está siendo considerado por un tribunal competente, porque es un tribunal de la capital», resaltó.
Palomo dijo además que los denunciantes «deben» aclarar en qué lugar se cometieron los hechos: «si un delito se comente en Escuintla debe ser conocido por un tribunal de Escuintla», apuntó.
El MP
Los denunciantes criticaron además las acciones del Ministerio Público (MP), en el proceso: «hay una clara falta de voluntad política de no querer colaborar en la investigación profunda e individualización de responsables en el delito de genocidio en el país», indicó Edgar Pérez de AJR.
Archivo
El Mandato de Ríos Montt ha sido considerado el más sangriento durante todo el conflicto armado interno del país (1960-1996), según datos del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), se reportan unos 200 mil muertos y 40 mil desaparecidos durante los periodos de la más fuerte represión militar en el país.